La acogida de menas en la Comunidad Valenciana supone un coste para las arcas autonómicas de unos 160 euros diarios por menor, una cantidad que eleva el gasto anual por encima de los 35 millones de euros, según los datos trasladados sobre el sistema de protección de la Generalitat recogidos por Okdiario.

La región atiende actualmente a algo más de 600 menores una cifra que supera en más de un 180% la capacidad máxima de acogimiento prevista para este colectivo. El nivel de ocupación implica que el sistema valenciano se encuentra muy por encima de los recursos inicialmente dimensionados para atender a estos menores.

La Generalitat afronta cada día elevados costes de acogida derivados de una atención integral que no se limita al alojamiento y la alimentación. Los 160 euros diarios por menor incluyen los servicios necesarios para garantizar su protección y bienestar durante las 24 horas.

Entre las prestaciones financiadas se encuentran la limpieza, la seguridad, los suministros, la educación, el transporte y el acompañamiento psicológico, además de la intervención de personal especializado y los gastos de manutención. El dispositivo contempla también el seguimiento sanitario y las actividades destinadas a facilitar la integración social de los menores.

En materia de alimentación, los centros pueden ofrecer hasta cinco comidas diarias: desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. El sistema de protección autonómico cubre igualmente ropa y calzado, productos de aseo personal y el cuidado de la indumentaria. A ello se suman los desplazamientos a centros educativos, actividades extraescolares y otras iniciativas relacionadas con la integración.

El gasto anual supera en diez millones la ayuda estatal extraordinaria de 25 millones de euros anunciada por el Gobierno central para atender a menores llegados a Ceuta, según la comparación incluida en los datos difundidos.

La situación se ve agravada, además, por la llegada de menores no acompañados a través de embarcaciones que alcanzan las costas y puertos de Alicante, Castellón y Valencia. Estas llegadas se suman a los menores derivados desde otros territorios dentro de los mecanismos de distribución.

La Comunidad Valenciana afronta una presión creciente sobre sus recursos mientras reclama que cualquier nuevo reparto tenga en cuenta la capacidad efectiva de cada autonomía y cuente con una financiación suficiente.