El número de menores extranjeros no acompañados y jóvenes extutelados con autorización de residencia en vigor en España se ha disparado durante los últimos cinco años. A marzo de 2026 había registrados 21.104 extranjeros de entre 16 y 23 años en estas categorías, frente a los 7.878 contabilizados en junio de 2021, lo que supone un incremento del 168%.
Los datos proceden del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y llegan en plena crisis por la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, donde el Gobierno cifra en alrededor de 1.500 los menores extranjeros no acompañados registrados e identificados en el sistema de acogida.
Las estadísticas, recogidas por The Objective, no incluyen a los menores de 16 años ni a quienes todavía carecen de autorización de residencia, por lo que no representan el número total de menores extranjeros no acompañados que se encuentran actualmente en España.
Los marroquíes siguen siendo mayoría, pero pierden peso
La composición por nacionalidades ha cambiado considerablemente durante este periodo. Los ciudadanos marroquíes continúan formando el grupo más numeroso, con 10.216 personas, pero su peso sobre el conjunto ha caído desde aproximadamente el 76% en 2021 hasta el 48% actual.
Mientras tanto, han ganado terreno otras nacionalidades africanas. Los procedentes de Gambia representan ya alrededor del 14% del total, los argelinos el 12% y los senegaleses el 11%.
Han perdido peso relativo, en cambio, los originarios de países como Ghana, Pakistán o Nigeria. La distribución por sexos también presenta diferencias importantes. Entre los jóvenes procedentes de numerosos países africanos existe una abrumadora mayoría masculina, mientras entre algunas nacionalidades iberoamericanas aumenta notablemente la presencia de mujeres.
Las mujeres representan, por ejemplo, el 62% de los procedentes de Honduras, el 67% de Brasil y el 61% de Colombia.
El 81% tiene ya entre 18 y 23 años
Uno de los datos más significativos es la edad de las personas incluidas en esta estadística. De los 21.104 extranjeros contabilizados, 17.044 —el 81%— tienen entre 18 y 23 años, por lo que jurídicamente ya son adultos y corresponden fundamentalmente a jóvenes extutelados que mantienen permisos vinculados a su anterior situación como menores extranjeros no acompañados.
Sólo el 34,7% de quienes permanecen actualmente dentro del sistema de protección de menores tiene 16 o 17 años, según los datos publicados. La edad media del conjunto ronda los 19 años, aunque asciende aproximadamente hasta los 20 entre los nacionales de Ghana, Pakistán y Nigeria.
Esta distinción resulta importante: las cifras de 21.104 personas utilizadas para medir la evolución incluyen tanto a menores de 16 y 17 años como a jóvenes adultos de hasta 23 años.
Los extutelados casi se triplican desde 2021
El crecimiento resulta especialmente pronunciado entre los jóvenes que ya han alcanzado la mayoría de edad. El 30 de junio de 2021 había 5.727 personas de entre 18 y 23 años con autorización de residencia como antiguos menores no acompañados o jóvenes extutelados. A 31 de marzo de 2026 eran ya 17.044. Esto representa un aumento del 197,6% en menos de cinco años.
El incremento coincide temporalmente con la reforma del Reglamento de Extranjería aprobada en octubre de 2021, que buscó evitar que los menores extranjeros quedaran en situación irregular automáticamente al alcanzar los 18 años y facilitar su transición hacia la vida adulta.
El Gobierno sostuvo entonces que la reforma no generaría un «efecto llamada». Los datos muestran un fuerte incremento posterior de las autorizaciones, aunque por sí solos no permiten establecer que la reforma sea la causa del aumento de llegadas.
El 44% de quienes pueden trabajar no está empleado
Otro de los puntos que reflejan las estadísticas es la limitada incorporación laboral de una parte del colectivo. Actualmente, el 44% de los menores y jóvenes extutelados que cuentan con autorización para trabajar no está empleado ni cotiza a la Seguridad Social, según los datos recopilados por el citado medio. La proporción resulta particularmente baja entre los menores de 16 y 17 años.
De los 4.060 que disponen de autorización para trabajar, únicamente 446 figuran afiliados a la Seguridad Social, alrededor del 11%. Estos menores permanecen, no obstante, bajo el sistema público de protección y no necesitan contar con un empleo para conservar esa cobertura mientras continúan siendo menores tutelados.
Hostelería y construcción concentran buena parte del empleo
Entre quienes sí han accedido al mercado laboral, la hostelería constituye el principal sector de ocupación, con aproximadamente un 28%. Le siguen las actividades administrativas y los servicios auxiliares, con un 15%, y la construcción, con un 13%.
La agricultura, ganadería y pesca concentra otro 11%, el mismo porcentaje que la industria manufacturera, mientras el comercio mayorista y minorista representa alrededor del 9%. Se trata, por tanto, de una inserción laboral concentrada fundamentalmente en sectores de salarios bajos y elevada demanda de mano de obra.
La crisis de Ceuta abre otro enfrentamiento por el reparto
Las cifras adquieren una dimensión política especial después de la última crisis migratoria de Ceuta. El Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende trasladar progresivamente a otras comunidades autónomas a alrededor de 1.500 menores extranjeros no acompañados que permanecen en el sistema de acogida de la ciudad autónoma.
Varias regiones han denunciado que sus sistemas de protección se encuentran ya sometidos a una fuerte presión. La situación se ha complicado además después de que el ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, haya reclamado a España el retorno de los menores marroquíes presentes en territorio español.
Rabat ha invocado el acuerdo bilateral suscrito en 2007 para reclamar una solución que facilite su regreso.
La devolución no puede realizarse automáticamente
La legislación española, sin embargo, no permite devolver de forma automática o colectiva a los menores extranjeros no acompañados.
Cada expediente debe ser analizado individualmente y la Administración debe valorar factores como la existencia de familiares en el país de origen, las condiciones en las que se produciría el retorno, el grado de integración del menor en España y, sobre todo, su interés superior.
El Tribunal Supremo reforzó este criterio después de las devoluciones realizadas desde Ceuta a Marruecos en agosto de 2021, al considerar que se habían llevado a cabo sin las garantías y procedimientos individualizados exigidos por la legislación. Esto significa que la petición de Marruecos no implica que España pueda ejecutar inmediatamente una repatriación generalizada de los menores marroquíes.
Un crecimiento del 168% en cinco años
La radiografía oficial muestra, en cualquier caso, un crecimiento extraordinario. En apenas cinco años, los extranjeros de entre 16 y 23 años con permisos vinculados a su condición de menores no acompañados o jóvenes extutelados han pasado de 7.878 a 21.104.
Los mayores de edad son ya una amplia mayoría y su número prácticamente se ha triplicado desde 2021. Mientras el Gobierno prepara ahora el reparto territorial de los aproximadamente 1.500 menores llegados a Ceuta, las comunidades deberán absorber una nueva presión sobre un sistema que gestiona ya a decenas de miles de menores y jóvenes extranjeros, en un contexto en el que Marruecos reclama además el retorno de sus nacionales.
