La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid ha vuelto a alertar del uso sistemático de subvenciones concedidas a dedo por parte del Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso. En su último informe sobre la Cuenta General de 2024, el organismo señala que el 52,7% de las ayudas públicas se otorgaron mediante concesión directa, sin concurrencia competitiva, por un importe que supera los 1.000 millones de euros.
Aunque el porcentaje supone un descenso respecto a 2023, la Cámara subraya que siguen siendo la fórmula mayoritaria, pese a que la legislación autonómica reserva este mecanismo para situaciones excepcionales. Las subvenciones tramitadas por concurrencia se situaron en el 47,3%, todavía por debajo de las adjudicaciones directas.
El informe recuerda que la Ley 2/1995 de Subvenciones de la Comunidad de Madrid establece la concurrencia competitiva como procedimiento ordinario, y reitera las advertencias ya formuladas el año anterior. «Es necesario recordar a las unidades gestoras que el procedimiento ordinario es la concurrencia», insiste el ente fiscalizador, presidido por Joaquín Leguina.
Especial atención merecen las subvenciones excepcionales, incluidas dentro de la concesión directa, que representaron el 37,6% del total en 2024. Aunque su peso disminuyó respecto al 46,8% del ejercicio anterior, la Cámara advierte de que han perdido su carácter excepcional al convertirse en la modalidad más frecuente dentro de las ayudas directas. Desde 2018, este tipo de subvenciones ha pasado del 26,6% al nivel actual, una evolución que el informe califica de preocupante.
El órgano fiscalizador reconoce que, en numerosos casos, estas ayudas se destinaron a colectivos vulnerables ya reconocidos por la normativa, y que su tramitación directa se justificó por la necesidad de agilizar procedimientos. Sin embargo, introduce un reproche clave: no siempre se incorporó el informe de excepcionalidad obligatorio, requisito imprescindible para justificar legalmente la concesión directa. «El expediente ha de incorporar siempre un informe que acredite razones de interés público, social, económico o humanitario», recalca el documento.
El informe vuelve así a poner en cuestión la gestión de las subvenciones durante el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, señalando deficiencias estructurales en el respeto a los procedimientos ordinarios y alertando del riesgo de viciar el reparto de fondos públicos cuando la excepcionalidad se convierte en norma.