La candidata de Democracia21 aupada por algunos medios de comunicación, Miriam González, tiene vínculos profesionales documentados con el Grupo OCP (Office Chérifien des Phosphates), la empresa estatal marroquí que explota los yacimientos de fosfato de Bou Craa en el Sáhara Occidental.

Según un reportaje de The Mail on Sunday del 14 de abril de 2012 (archivado por Western Sahara Resource Watch), González —entonces socia de Dechert y previamente en DLA Piper— prestaba asesoramiento jurídico a OCP y representaba sus intereses, especialmente en el ámbito de la UE. El periódico señalaba que una parte sustancial de su trabajo procedía de la compañía, con tarifas de hasta 400 libras por hora y unos ingresos anuales asociados de hasta 500.000 libras. Había trabajado para OCP y su presidente Mustafa Terrab durante al menos tres años y trasladó el contrato al pasar de DLA Piper a Dechert. OCP habría pagado más de un millón de libras a ambos despachos por labores en las que ella participó.

En 2016, Western Sahara Resource Watch (WSRW) publicó una respuesta de la propia González desde Dechert. La organización había solicitado acceso a un dictamen jurídico elaborado para OCP sobre la explotación de fosfatos del Sáhara Occidental. González contestó que el asesoramiento a clientes estaba sujeto a confidencialidad profesional y que el despacho no podía facilitarlo.

OCP, a través de su filial Phosboucraa, explota la mina de Bou Craa (en territorio no autónomo pendiente de descolonización según la ONU). La roca fosfórica se transporta por una cinta de unos 100 km hasta El Aaiún para su exportación. WSRW y otros observadores denuncian desde hace años que esta actividad se realiza sin el consentimiento del pueblo saharaui y en contravención de principios del derecho internacional aplicables a territorios no autónomos (incluida la opinión jurídica de la ONU de 2002 sobre recursos naturales).

El reportaje de 2012 del Mail on Sunday situaba a OCP en el centro de la controversia internacional por la situación en el Sáhara Occidental: la anexión marroquí de 1975, los desplazamientos forzados de saharauis, la llegada de colonos y las acusaciones históricas de desapariciones y abusos (documentadas por Amnistía Internacional y otros). Algunos fondos de pensiones han excluido a OCP o a compradores de sus fosfatos por razones éticas y de derechos humanos vinculadas a la ocupación y a la explotación de recursos.

Los dictámenes jurídicos encargados por OCP han sido utilizados por importadores para argumentar que el comercio puede considerarse conforme al derecho internacional si beneficia a la «población local». Organizaciones como WSRW han cuestionado reiteradamente ese argumento y han reclamado transparencia sobre esos informes, también para los saharauis.

González, abogada especializada en comercio internacional y derecho europeo, ha desarrollado gran parte de su carrera en Londres (DLA Piper, Dechert y posteriormente Cohen & Gresser) y está casada con el exviceprimer ministro británico Nick Clegg. Democracia21 se ha presentado recientemente con un discurso de «regeneración democrática y modernización», y algunos medios han dado cobertura a su candidatura de cara al 29 de noviembre. El antecedente profesional con OCP no implica por sí mismo una posición política actual de la candidata o del partido sobre el Sáhara Occidental, la autodeterminación saharaui o las relaciones con Marruecos, pero sí constituye un vínculo documentado con la empresa que gestiona la extracción de fosfato en el territorio disputado.