Poco pueden hablar de transparencia José Creuheras y el conocido como «príncipe de las tinieblas» Mauricio Casals, quienes —entre otros empresarios— encabezan la directiva del conglomerado Atresmedia, y han visto su acción pública empañada en los últimos años debido a señalamientos por supuesta corrupción en medio de escándalos como el caso Villarejo o la Operación Hanta, los cuales además ponen en relieve una tupida trama de corrupción dentro de los poderes del Estado… y demuestran el blindaje del bipartidismo (PP-PSOE).
Creuheras y el uso de las influencias para ir contra los Pérez Dolset
José Creuheras, quien es presidente del Grupo Planeta y Atresmedia, ha sido investigado y citado a declarar en diversos escándalos de corrupción relacionados con delitos de falsedad en documento privado, revelación de secretos, denuncia falsa y estafa procesal. En particular, está implicado en una causa que investiga si el Grupo Planeta facilitó información falsa a la Fiscalía Anticorrupción para que se querellara contra Javier Pérez Dolset, fundador de Zed Worldwide, empresa en la que Planeta tenía participación accionaria.
Creuheras lleva al frente de Atresmedia desde el 13 de febrero de 2015, cuando fue nombrado presidente del Grupo de comunicación por unanimidad del Consejo de Administración, tras el fallecimiento de José Manuel Lara Bosch. Antes de su nombramiento como presidente, Creuheras había sido vicepresidente de Grupo Planeta desde 2003 y consejero de Atresmedia desde ese mismo año.
Según las investigaciones judiciales iniciadas en 2023 en el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid, Creuheras y el exdirector de la asesoría jurídica de Planeta, Luis Elías Viñeta, habrían liderado una estrategia para acusar en falso a Pérez Dolset de desviar más de 100 millones de euros a una cuenta en Panamá, lo que provocó la prisión provisional del empresario. La querella presentada por Pérez Dolset sostiene que Planeta entregó documentación supuestamente falsa para perjudicarlo y forzar la venta de su empresa a un grupo ruso socio del Grupo Planeta.
Este caso ha tenido poca repercusión mediática a pesar de la gravedad de las acusaciones. Además, también se ha sometido a investigación la posible connivencia con un comisario de policía vinculado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para la falsificación de documentos, y se imputan también presuntos delitos de estafa procesal y violación de secretos contra Creuheras y su grupo empresarial. A la fecha, ni Planeta ni Creuheras han emitido comunicados oficiales sobre este proceso judicial.
El poder de Creuheras no ha parado de acrecentarse con el paso de los años, en un contexto en el que éste ha sabido hacer buenas migas con el bipartidismo, en una permanente faena de equilibrismo. Por ejemplo, portales como lamarea.com han destacado el servicio prestado por el empresario al Partido Popular durante la era Rajoy, especialmente en los momentos en los que el Gobierno necesitaba hacer frente al independentismo catalán; una causa de ocasión que el grupo Planeta, con Creuheras al frente, supo abrazar. Esto al punto de que, por poner un caso, el propio Mariano Rajoy felicitó el despliegue periodístico de La Sexta durante el golpe separatista, llegando a calificarlo como uno marcado por el «sentido de Estado». Todo ello pese a que el máximo dirigente popular incluso había dicho en meses previos que la cadena era uno de los principales medios promotores de dicha consulta.
De nuevo, no es en absoluto despreciable la habilidad del empresario para insertarse en los entresijos del poder. No por nada los expresidentes José María Aznar, Mariano Rajoy, José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez tienen en Planeta una opción preferente a la hora de buscar casa editorial para publicar sus libros para hablar literalmente de cualquier cosa.
Mauricio Casals y su vinculación con la operación Hanta y el caso Villarejo
Por su parte, Mauricio Casals, quien destaca por ser además presidente del diario La Razón, ha estado involucrado en varios supuestos escándalos de corrupción. Por ejemplo, fue imputado en la Operación Hanta, una investigación sobre una trama de desvío de 67 millones de euros en ayudas públicas vinculadas a Zed Worldwide. En concreto, Casals es acusado de usar su influencia para presionar a organismos públicos, especialmente al Ministerio de Industria, para obtener créditos blandos para Zed y que parte de esos fondos se desviaran supuestamente al diario La Razón en forma de falsos contratos publicitarios por un monto aproximado de dos millones de euros.
Además, Casals fue imputado en abril de 2017 por presuntas coacciones a Cristina Cifuentes, entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, en el caso Lezo, y también fue relacionado con el caso Villarejo, en el que se le señaló en diciembre de 2020 por contratar al excomisario José Manuel Villarejo para espiar a empresarios rivales, aunque la causa fue archivada posteriormente.
La pieza número del caso Villarejo, llamada específicamente «proyecto Brod», conllevó a una investigación que buscaba constatar si Casals, quien también es miembro del Consejo de Administración de Atresmedia, contrató al excomisario para espiar a los hermanos Javier e Ignacio Pérez Dolset. Aunque Casals negó haber contratado oficialmente a Villarejo, la Audiencia Nacional llegó a imputarlo por posible delito de cohecho y descubrimiento de secretos, dadas las anotaciones en las agendas del excomisario y documentos incautados.
Aunque el juez Manuel García Castellón archivó la causa en 2021 argumentando insuficiencia de pruebas directas que vincularan a Casals con el encargo a Villarejo. Sin embargo, después de recursos presentados por los perjudicados, la Sala de lo Penal ordenó reabrir la investigación y continuar las diligencias, incluyendo la citación de Casals como investigado.
En el presente año, el magistrado Santiago Pedraz abrió diligencias por denuncia de Javier Pérez Dolset, que acusa a Casals, junto con otros actores mediáticos, policiales y políticos, de integrar un «clan mafioso» dedicado a fabricar pruebas falsas para perjudicarlo, en un entramado que incluiría manipulación judicial y extorsión.
La operación de Casals con las vicepresidentas De la Vega (PSOE) y Santamaría (PP) para beneficiar a Atresmedia
Casals orquestó una operación junto a las vicepresidentas Teresa Fernández de la Vega (PSOE) y Soraya Sáenz de Santamaría (PP) para beneficiar a Atresmedia.
En agosto de 2009 José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la ley de financiación de RTVE que eliminó la publicidad del ente público. Con esta ley las televisiones privadas pasaron a repartirse 500 millones de euros más en publicidad. «La supresión de publicidad en TVE es una gran noticia», afirmó el entonces presidente del Gobierno.
Posteriormente, y según denunció Dolset, Casals cobró millones de euros de empresas del IBEX 35 a cambio de ejercer sus «influencias políticas» ante el Gobierno y más en concreto ante la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
Polémica y desprestigio del Premio Planeta
En el terreno cultural, también se cuestiona la credibilidad del Premio Planeta de novela —insignia del grupo editorial— debido a sus últimos ganadores. En 2023, la ganadora fue la periodista y presentadora Sonsoles Ónega, rostro estrella de Antena 3 (cadena de Atresmedia propiedad de Planeta). Dos años después, en 2025, el premio ha recaído en Juan del Val, conocido colaborador televisivo de programas de la órbita de Atresmedia (como El Hormiguero, La Sexta Noche o La Roca).
Tanto Ónega como Del Val son empleados o figuras estrechamente ligadas al Grupo Planeta, lo que ha suscitado críticas de favoritismo y conflicto de interés. Ambos galardonados tenían una trayectoria literaria relativamente modesta y breve antes de alzarse con el Planeta. Ónega, pese a haber publicado ya algunas novelas, es ante todo conocida por su labor televisiva; Juan del Val, por su parte, había debutado en la literatura hace una década en coautoría con su esposa y publicado varias novelas de entretenimiento, pero principalmente goza de fama por su faceta de tertuliano televisivo.
Para muchos, que autores tan estrechamente vinculados a la empresa organizadora —y con un bagaje literario limitado— se lleven el premio mejor dotado de las letras españolas (un millón de euros al ganador) desprestigia el certamen y apunta a intereses comerciales.
