La Comisión Europea ha iniciado este miércoles un procedimiento de infracción contra el Gobierno de Pedro Sánchez por considerar que no ha incorporado correctamente a la legislación nacional la normativa comunitaria que obliga a realizar revisiones periódicas de los permisos relacionados con la gestión del agua.

La institución comunitaria sostiene que la normativa española no garantiza el cumplimiento íntegro de la Directiva europea sobre el agua, que exige a los Estados miembros revisar y actualizar de forma periódica las medidas de control, incluidos los permisos concedidos, para comprobar que siguen siendo eficaces y, en caso necesario, modificarlos.

La legislación comunitaria establece que cada Estado debe disponer de un programa de medidas para cada demarcación hidrográfica con el objetivo de asegurar el buen estado de las masas de agua, entre ellas ríos, lagos y acuíferos. Estos programas deben contemplar actuaciones destinadas a controlar las distintas presiones que afectan a estos ecosistemas, como las captaciones, los vertidos de fuente puntual o las fuentes difusas de contaminación.

Sin embargo, la Comisión Europea considera que la legislación vigente en España limita esas revisiones a supuestos concretos, como la existencia de nuevos datos, planes o estrategias relevantes, la aparición de nuevas obligaciones legales o la modificación de las condiciones por parte del titular del permiso.

Además, Bruselas subraya que, en este último supuesto, la decisión de revisar o no el permiso queda a criterio de las autoridades competentes, una circunstancia que, a su juicio, no se ajusta plenamente a las exigencias de la normativa comunitaria sobre el agua.

Por este motivo, el Ejecutivo comunitario ha decidido abrir un procedimiento de infracción contra España, al entender que la transposición de la Directiva es incompleta. Con la apertura del expediente, las autoridades españolas disponen ahora de un plazo de dos meses para presentar sus alegaciones o adoptar las medidas necesarias que permitan corregir las deficiencias detectadas por la Comisión Europea.