La Audiencia Provincial de Madrid ha estimado el recurso presentado por VOX y ha ordenado practicar diligencias de investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas en Correos durante la etapa de Leire Díez y Juan Manuel Serrano, antiguo presidente de la empresa pública y estrecho colaborador de Pedro Sánchez. La decisión judicial afecta a una querella en la que también figuran el empresario Víctor de Aldama y Juan Carlos Barrabés, y que denuncia posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación y tráfico de influencias.
El auto, fechado el 14 de octubre de 2026, ha sido dictado por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid, que ha decidido revocar una resolución anterior del Tribunal de Instancia número 5 de Madrid, emitida el pasado 27 de junio. Los magistrados Eduardo Víctor Bermúdez Ochoa, Agustín Morales Pérez-Roldán y Elena Perales Guilló han respaldado la apelación de la formación de Santiago Abascal y han ordenado al juzgado que lleve a cabo las actuaciones instructoras recogidas en los fundamentos cuarto y quinto de la resolución.
La querella sostiene que Correos pudo convertirse en un instrumento para favorecer a empresarios relacionados con el entorno político del PSOE mediante adjudicaciones presuntamente irregulares, contratos millonarios y pagos que habrían eludido los mecanismos habituales de control. Entre los episodios denunciados figura el supuesto desembolso anticipado de ocho millones de euros a empresas relacionadas con la trama Koldo sin disponer de un contrato que lo justificara, así como la existencia de correos electrónicos que, según VOX, revelarían acuerdos previos a determinadas licitaciones públicas.
La denuncia también señala operaciones con compañías como Innova Next, relacionada con Juan Carlos Barrabés; Evelop Airlines, vinculada a Globalia y Ávoris; y BNEXT, empresa que fue objeto de una sanción del Banco de España. VOX considera que estas adjudicaciones deben examinarse para determinar si existieron decisiones destinadas a beneficiar a determinados operadores económicos por sus relaciones personales o políticas.
Otra de las principales líneas de la querella afecta a los contratos de seguridad, mantenimiento y servicios de Correos. La formación denuncia posibles conflictos de intereses en una adjudicación de diez millones de euros a Trablisa, así como en operaciones relacionadas con Trade Intermedia Brokers, empresa que habría participado en contratos de climatización con sobrecostes que los denunciantes sitúan entre el 200% y el 400%.
También se cuestionan dos millones de euros adjudicados a Sortis Telecomunicaciones, presuntamente sin concurrencia competitiva, y contratos por valor de 43 millones de euros concedidos a Limpiezas J. Córdoba, pese a que, según sostiene la querella, la compañía no reunía determinadas condiciones exigidas. A estas operaciones se añade la compra de televisores por un importe cercano a los 18 millones de euros, cuya contratación también solicita investigar VOX.
El escrito presentado por la formación señala igualmente la posible existencia de relaciones societarias entre responsables de Correos, antiguos cargos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y compañías beneficiarias de las adjudicaciones. Para VOX, estos vínculos justificarían examinar si las contrataciones respetaron los principios de transparencia, igualdad de trato y libre competencia establecidos en la legislación española y europea.
La querella reclama la incorporación de expedientes de contratación, documentación administrativa y comunicaciones internas de la empresa pública. También solicita que comparezcan las personas contra las que se dirige la denuncia y distintos testigos, entre ellos Pedro Saura, actual presidente de Correos, con el propósito de esclarecer cómo se tramitaron las operaciones cuestionadas y quiénes participaron en su autorización.
La resolución supone un nuevo frente judicial relacionado con Leire Díez, antigua responsable de Correos cuya actividad también aparece en las investigaciones sobre presuntas maniobras destinadas a obtener información contra jueces, fiscales y agentes de las fuerzas de seguridad. La dirigente socialista ha quedado vinculada públicamente a distintas controversias sobre su actuación en empresas estatales y sus contactos con empresarios y antiguos responsables públicos.
Con esta decisión, la Audiencia Provincial deja sin efecto el auto recurrido y obliga al juzgado a continuar las actuaciones de investigación que especifica la resolución. No obstante, el tribunal no declara acreditados los delitos denunciados ni establece responsabilidades penales contra los querellados. El alcance concreto de las diligencias ordenadas deberá determinarse a partir de los fundamentos jurídicos del auto.
