El juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, ha tomado declaración este viernes al empresario neerlandés Simon Leendert Verhoeven, considerado por los investigadores el presunto responsable de la estructura financiera utilizada en el denominado caso Plus Ultra. Su comparecencia supone un nuevo avance en las pesquisas sobre el destino del rescate de 53 millones de euros aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2021, una operación por la que también se encuentra investigado el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, debido a su presunta intermediación para favorecer la concesión de los fondos públicos.
Verhoeven ha comparecido ante el magistrado después de haber evitado responder a sus preguntas en septiembre, cuando alegó que su defensa todavía no había tenido acceso suficiente a la documentación judicial. En esta ocasión, ha negado su participación en operaciones de blanqueo de capitales y ha asegurado que desconocía el rescate público concedido a la compañía aérea, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press. El financiero también ha rechazado que existieran irregularidades en los contratos que mantenía con Plus Ultra.
La declaración adquiere especial importancia por las sospechas de los investigadores sobre el recorrido del dinero. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional trata de determinar si parte de los 53 millones concedidos mediante la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) acabó destinada a saldar obligaciones anteriores con determinadas sociedades financieras. Según las explicaciones ofrecidas por antiguos responsables de la compañía, 19 millones de euros del rescate se emplearon para afrontar deudas pendientes, una circunstancia que aseguran que conocía la propia SEPI.
La investigación judicial analiza especialmente los movimientos realizados entre finales de 2020 y los primeros meses de 2021, cuando Plus Ultra recibió distintas aportaciones económicas de compañías extranjeras antes de acceder al rescate estatal. Entre ellas aparecen Wailea Investment, Allpa Wira Trading, Panacorp y Valerian Corporation, entidades relacionadas con préstamos y transferencias internacionales que ahora examinan las autoridades judiciales.
Uno de los primeros movimientos se produjo en octubre de 2020, cuando Wailea facilitó a la aerolínea 500.000 dólares. Tras recibir la primera aportación pública, Plus Ultra devolvió 522.379,73 dólares, incluidos los intereses. Pocas semanas después, Allpa Wira había prestado otros 500.000 dólares, que terminaron siendo reintegrados mediante una transferencia de 519.983,01 dólares a una cuenta de SBM Bank Mauritius, después de varios intentos fallidos de pago.
Las operaciones continuaron durante los primeros meses de 2021. Panacorp concedió una financiación de 450.000 euros que fue devuelta mediante una transferencia de 545.222,59 dólares a Puerto Rico. Por su parte, Valerian Corporation realizó dos aportaciones de 450.000 euros cada una, procedentes de una entidad bancaria turca. Ambas fueron reembolsadas en marzo de 2021 mediante pagos que sumaron 920.870,13 euros y tuvieron como destino una cuenta bancaria en Gibraltar.
Zapatero, bajo investigación por su presunta intermediación
Las pesquisas también alcanzan al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, cuya actuación está siendo examinada por su posible intervención en las gestiones para facilitar el rescate de Plus Ultra. Los investigadores estudian sus relaciones con personas vinculadas a la aerolínea y el papel desempeñado por el empresario Julio Martínez Martínez, cuya sociedad habría intervenido en las operaciones objeto de investigación.
La causa tiene su origen en las sospechas de blanqueo de capitales procedentes de Venezuela detectadas por las autoridades de varios países europeos. En octubre de 2024, la Fiscalía Anticorrupción impulsó actuaciones contra distintas personas vinculadas a una supuesta estructura internacional de movimientos financieros. Las investigaciones desarrolladas en España, Francia y Suiza permitieron identificar operaciones de préstamo, transferencias transfronterizas y sociedades cuya actividad económica continúa bajo examen judicial.
Entre los nombres que aparecen en las diligencias figura también Rodolfo Reyes, antiguo accionista mayoritario y directivo de Plus Ultra, actualmente en paradero desconocido. Los investigadores lo relacionan con determinadas operaciones financieras internacionales y con una solicitud de transferencia de varias toneladas de oro mencionada en las pesquisas extranjeras.
La UDEF considera que Verhoeven pudo desempeñar una función esencial en el entramado mediante la utilización de sociedades radicadas en distintas jurisdicciones. Según las hipótesis recogidas en las actuaciones judiciales, algunas de estas compañías habrían servido para canalizar fondos mediante contratos de financiación y facturación presuntamente irregular. El empresario rechaza estas acusaciones y sostiene que sus operaciones con Plus Ultra respondían a acuerdos mercantiles legítimos.
El financiero fue detenido en agosto en Alemania y trasladado posteriormente a España, donde permaneció inicialmente en prisión provisional. Tras su primera comparecencia, Calama acordó dejarlo en libertad con medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar España y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado.
Con la declaración de Verhoeven, la Audiencia Nacional incorpora la versión de uno de los principales investigados sobre las operaciones que precedieron al rescate de la compañía aérea. La cuestión central sigue siendo determinar si los fondos públicos se utilizaron conforme a las condiciones de su concesión o si parte del dinero terminó canalizado hacia sociedades vinculadas a una presunta red de blanqueo. La investigación continúa abierta y las responsabilidades penales de los implicados todavía no han sido determinadas judicialmente.
