«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
Amenaza con avanzar en el procedimiento de infracción

La Comisión Europea da dos meses a Sánchez para corregir las deficiencias legales sobre malversación de fondos europeos

Pedro Sánchez. Europa press

La Comisión Europea ha vuelto a advertir a España de que no ha adaptado correctamente su legislación a las normas comunitarias contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión Europea. Bruselas considera que la normativa española no tipifica adecuadamente el delito de malversación de fondos europeos y establece penas de prisión inferiores a las exigidas por la legislación comunitaria.

La advertencia, comunicada este jueves, supone un nuevo paso en un procedimiento de infracción que se remonta a diciembre de 2021, cuando la Comisión Europea abrió un expediente contra España por las deficiencias detectadas en la incorporación de una directiva europea a su ordenamiento jurídico.

La normativa comunitaria debía haber sido transpuesta antes del 6 de julio de 2019. Sin embargo, Bruselas considera que España sigue sin cumplir varios de sus requisitos fundamentales, pese a los cinco años transcurridos desde la primera advertencia.

En aquella comunicación, la Comisión ya había señalado deficiencias en la transposición de la directiva europea, entre ellas las relacionadas con la definición del delito de corrupción. Ahora, el Ejecutivo comunitario añade que la legislación española tampoco recoge de manera adecuada el delito de malversación de fondos que afectan al presupuesto de la UE.

Además, Bruselas sostiene que las penas máximas de prisión previstas en España para estos delitos son inferiores a los niveles mínimos exigidos por la directiva. Se trata de una cuestión relevante para la protección de los recursos comunitarios, ya que la legislación europea pretende garantizar que los delitos contra los intereses financieros de la Unión reciban un tratamiento penal armonizado en todos los Estados miembros.

La Comisión considera esta directiva una de las piedras angulares de la arquitectura legislativa europea contra el fraude. Su objetivo es establecer definiciones comunes de los delitos, armonizar las sanciones y fijar criterios de jurisdicción para perseguir las conductas que perjudican al presupuesto comunitario.

La normativa también proporciona las bases jurídicas para las competencias de la Fiscalía Europea, organismo al que España pertenece y que investiga los delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión.

Con la nueva comunicación, Bruselas concede a España un plazo de dos meses para corregir las deficiencias y presentar una respuesta satisfactoria. Si el Gobierno no aborda las cuestiones señaladas, la Comisión podrá continuar el procedimiento mediante la emisión de un dictamen motivado, un paso previo a una eventual denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Los procedimientos de infracción pueden terminar con una condena por incumplimiento de la normativa comunitaria y, en última instancia, con la imposición de sanciones económicas al Estado afectado.

+ en
Fondo newsletter