La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha cifrado en 108.756,79 euros el coste que tuvo que asumir para desarrollar el software vinculado a la cátedra universitaria codirigida por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, según un informe remitido al juzgado que investiga una presunta apropiación indebida de la herramienta informática.
El documento, detalla que el gasto se corresponde con el desarrollo de una aplicación diseñada para medir el impacto social y competitivo de pequeñas y medianas empresas en el marco de la denominada Cátedra de Transformación Social y Competitiva. La UCM señala que la inversión se realizó a través de distintos contratos y facturas que ahora han sido incorporados al procedimiento judicial.
«El gasto abonado por la UCM en el desarrollo del software para la Cátedra de Transformación Social y Competitiva de la UCM, en el ámbito de la contratación, asciende a 108.765,79 euros», recoge literalmente el informe elevado al juzgado, que ha solicitado aclaraciones sobre el uso y la titularidad de la herramienta informática.
La institución académica acompaña este escrito con varios documentos que desglosan los pagos efectuados y las empresas que participaron en el desarrollo tecnológico del proyecto. En su escrito, la UCM pide al magistrado que «tenga por presentado este escrito y por aportados los informes y documentos que se acompañan, en orden a la determinación y justificación de los daños y perjuicios que podrían haberse causado a la Universidad Complutense de Madrid con ocasión de los hechos que se investigan».
Fuentes jurídicas señalan que el juzgado analiza ahora si el software fue utilizado o explotado fuera del ámbito estrictamente universitario y si se respetaron las condiciones contractuales que regulaban su desarrollo y cesión. La investigación se enmarca en una causa más amplia que pretende esclarecer si existió un uso irregular de recursos públicos o una apropiación de activos generados con financiación de la universidad.
Desde el entorno de la Universidad se subraya que la institución ha colaborado en todo momento con la justicia, aportando la documentación requerida para «garantizar la transparencia» del proceso y defender los intereses patrimoniales de la universidad pública.