Una de las empresas que participó en el desarrollo del software vinculado a la cátedra de Begoña Gómez en la Universidad Complutense ha confirmado ante el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid que el proyecto se paralizó tras las primeras informaciones periodísticas sobre los negocios privados de la esposa del presidente del Gobierno. Según la documentación remitida por Making Science SL, que publica este domingo El Confidencial, la decisión de frenar la aplicación coincidió con la aparición de noticias que situaban a Gómez en el centro de reuniones con empresarios y comisionistas.
La empresa tecnológica reconoce que sus empleados asistieron a varias reuniones con la propia Gómez y con otras firmas implicadas en el proyecto, como Deloitte, Flat101 y Devoteam. El último encuentro se produjo el 7 de febrero de 2024. «En esta reunión se plantea a Making Science continuar con el desarrollo del proyecto en una segunda fase», señala el escrito remitido al juez Juan Carlos Peinado. «Después de la reunión, Making Science envió un presupuesto para la segunda fase del proyecto», añade el documento. Sin embargo, según la compañía, «no se obtuvo respuesta».
Los investigadores subrayan que la primera fase del software sí llegó a completarse, aunque desde el entorno de Gómez se ha defendido que la aplicación nunca se finalizó y, por tanto, no puede ser entregada a la Complutense, como exige la dirección del centro. La cronología cobra especial relevancia al situarse apenas 13 días antes de la detención de Koldo García y Víctor de Aldama en la primera fase de la llamada operación Delorme.
Inicialmente, Indra cifró su aportación en 70.000 euros, mientras que Google y Telefónica reconocieron haber destinado otros 40.000 euros cada una. No obstante, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil eleva ya el desembolso total a más de 300.000 euros.
El juez Peinado investiga también la posible implicación de una asesora de La Moncloa, Cristina Álvarez Rodríguez, que habría participado en al menos tres reuniones del proyecto pese a percibir un salario público. Estos indicios, según fuentes judiciales, apuntalan la hipótesis de un posible delito de malversación de caudales públicos.
