La Comunidad de Madrid compró el pasado 14 de abril un ático de 485 metros cuadrados en el paseo del General Martínez Campos, una de las zonas más caras de la capital, para que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, lo utilice mientras se desarrollan unas obras en la Real Casa de Correos. El valor de mercado del inmueble podría rondar los seis millones de euros, aunque el Gobierno autonómico no ha revelado el precio de la operación.

Una portavoz de la Comunidad de Madrid ha confirmado a El País que Ayuso trabajará en el inmueble «con un mínimo equipo» durante la rehabilitación de la sede de la Presidencia regional, cuyos trabajos comenzarán en agosto. Sin embargo, el Ejecutivo madrileño no ha aclarado si la dirigente popular también residirá en el ático, cuánto dinero público ha costado ni por qué decidió comprar una vivienda en lugar de alquilar unas oficinas provisionales.

Tampoco se conocen el alcance y el presupuesto de las obras previstas en la Real Casa de Correos. La fachada del edificio situado en la Puerta del Sol terminó de restaurarse el pasado año.

La operación salió a la luz tres meses y medio después de formalizarse y solo después de que el citado periódico localizara la compraventa en el Registro de la Propiedad. Hasta ese momento, el Gobierno de Ayuso no había informado de la adquisición.

Una compra fuera del presupuesto

La operación fue ejecutada por Planifica Madrid, la empresa autonómica encargada de comercializar suelo público y gestionar los edificios de oficinas de la Comunidad. La sociedad está presidida por el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín.

La compra no aparecía entre las inversiones recogidas en el presupuesto de Planifica Madrid para 2026. Tampoco consta que el Consejo de Gobierno aprobara una ampliación de crédito para afrontar el gasto ni que la empresa pública informara de la operación en su portal de transparencia, actualizado por última vez el 20 de julio.

Planifica Madrid posee diez edificios destinados a oficinas y un local comercial. Entre sus propiedades figuran inmuebles históricos del centro de la capital que albergan distintas consejerías, como las sedes de Sanidad, en la calle Aduana, y de Cultura y Turismo, en la calle Alcalá.

Pese a disponer de este patrimonio, la empresa autonómica optó por comprar un ático situado en un edificio residencial de Chamberí. Según un empleado de la finca citado por El País, ninguno de sus pisos se utiliza como oficina.

Un ático de 485 metros junto al Museo Sorolla

El inmueble ocupa la novena planta de un edificio del paseo del General Martínez Campos, junto al Museo Sorolla y a unos 300 metros del paseo de la Castellana. Tiene una superficie total de 485 metros cuadrados, de los cuales 199 corresponden a una terraza.

La vendedora habría sido la economista y escritora Astrid Gil-Casares, según dos fuentes conocedoras de la operación citadas por el periódico. Gil-Casares estuvo casada hasta 2016 con el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino Calvo-Sotelo. Antes de la venta, una pareja residía en la vivienda como inquilina.

El Gobierno regional no ha comunicado la cantidad abonada. El precio medio del metro cuadrado en el barrio de Almagro asciende a 9.414 euros, según datos del portal del Notariado recogidos por El País. La superficie del inmueble tendría así un valor aproximado de 4,5 millones, al que habría que sumar el sobreprecio propio de un ático con una terraza de casi 200 metros cuadrados.

Las viviendas de estas características ofertadas en la zona alcanzan precios de entre cinco y siete millones de euros. Por este motivo, distintas fuentes calculan que el desembolso público pudo situarse alrededor de los seis millones.

La heredera de la empresa implicada en el caso Púnica

Planifica Madrid es la sucesora de Arpegio, la empresa pública involucrada en una de las piezas del caso Púnica por las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación de suelo público y contratos de infraestructuras.

La pieza relacionada con estos supuestos amaños fue enviada a juicio en mayo. Entre los acusados se encuentra el exconsejero madrileño Francisco Granados, que ejerció como consejero de la sociedad durante los gobiernos de Esperanza Aguirre y ya ha sido condenado por otros delitos.

La empresa depende de la Consejería de Presidencia, cuenta con una plantilla de 90 empleados y dispone de un presupuesto de 127 millones de euros para 2026. Su consejero delegado desde julio de 2023 es Pedro Corbalán Ruiz, que anteriormente ocupó distintos cargos en la Administración madrileña bajo gobiernos del Partido Popular.