Ese contrato clave lleva las rúbricas de Juan Pablo Villanueva y Ángel Contreras
José Luis Ábalos y Koldo García. Redes sociales
Por LGI
21 de enero de 2026
La obra de mejora integral de la infraestructura de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla en el tramo entre Guadalmez y Córdoba, que incluye el punto exacto de Adamuz donde este domingo se ha producido el siniestro ferroviario más grave de las últimas décadas, fue adjudicada en 2022 por 61,25 millones de euros bajo la firma de dos antiguos altos cargos de Adif hoy investigados por su presunta implicación en amaños de contratos públicos, según avanza Vozpópuli.
Ese contrato clave lleva las rúbricas de Juan Pablo Villanueva y Ángel Contreras, dos exdirectivos cuyas trayectorias aparecen ahora estrechamente ligadas a la denominada trama Koldo y a varias investigaciones judiciales y policiales abiertas por manipulación de licitaciones durante la etapa de José Luis Ábalos como ministro de Transportes. La actuación afectaba precisamente al trazado donde el accidente ha dejado, por el momento, 41 fallecidos y más de un centenar de heridos.
Ambos responsables arrastran un largo historial de decisiones bajo sospecha. Villanueva, antiguo director general de Negocio y Cliente, fue cesado el pasado verano tras quedar bajo investigación interna por favorecer presuntamente a determinadas constructoras cuando dirigía el área de Construcción. Su ascenso a la cúpula de Adif se produjo en 2018, coincidiendo con la presidencia de Isabel Pardo de Vera, momento desde el que su nombre ha estado rodeado de polémicas constantes.
Desde 2022, la empresa pública analizaba su conducta tras una denuncia interna canalizada a través del sistema ético corporativo. Técnicos y directivos alertaron de irregularidades en concursos celebrados entre 2019 y 2021 que habrían beneficiado a la constructora OPR. Aunque Villanueva negó cualquier trato de favor, los peritos detectaron anomalías técnicas y valoraciones infladas en tres contratos que superaban los 114 millones de euros y concluyeron que la empresa no debía haber obtenido la máxima puntuación en ninguno de ellos.
OPR figura además en el informe elaborado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que apunta a una red de comisiones ilegales en la que aparecen Ábalos, su exasesor Koldo García y el exdirigente socialista Santos Cerdán. Ese mismo documento propició la imputación de Pardo de Vera en la Audiencia Nacional. En paralelo, la UCO sitúa a Villanueva como firmante de informes técnicos de otras tres adjudicaciones por valor de 342 millones de euros presuntamente manipuladas a favor de Acciona.
Tras su destitución, Adif eliminó cualquier referencia a Villanueva de su página web y dejó vacante la dirección de Negocio, un puesto que sigue sin cubrirse en un momento de máxima presión institucional sobre la entidad.
El segundo firmante del contrato de Adamuz es Ángel Contreras, expresidente de Adif, apartado del cargo en agosto de 2024 tras conocerse su posible participación en alteraciones de concursos públicos. Antes de llegar a la presidencia, dirigió el área de Conservación y Mantenimiento, desde donde suscribió valoraciones técnicas supuestamente manipuladas en al menos dos contratos financiados con fondos europeos por más de 48 millones de euros.
Las pesquisas han sacado a la luz un patrón repetido: modificaciones de puntuaciones para inclinar adjudicaciones hacia empresas concretas. Una frase recogida en un informe policial resume ese método. “El que toca manda en la empresa. Hay que jugar con unos y con otros y conseguir las diferencias que nos dicen”, llegó a afirmar el jefe de coordinación de inversiones de Adif ante las quejas de los técnicos.
Un informe posterior de la Guardia Civil vincula directamente a Contreras con la trama Koldo. Según ese documento, Koldo García contactó con el entonces presidente de Adif para que interviniera en favor de OPR en una licitación concreta. Aunque se abrió un expediente interno por esos contratos, la investigación se archivó en pocos días con el argumento de que no se habían detectado irregularidades.
La adjudicación de Adamuz recayó finalmente en una unión temporal de empresas en la que participa la constructora sevillana Azvi con un 25%. Este grupo, presidido por Manuel Contreras Caro, es uno de los grandes proveedores habituales del Ministerio de Transportes y factura cerca de 900 millones de euros anuales. En 2023, Azvi contrató como asesores a Koldo García y a su esposa por medio de una consultora, con sueldos mensuales de 6.000 euros y primas de hasta 350.000 euros por proyecto, una relación que Anticorrupción considera sospechosa.
La compañía rescindió ese acuerdo el 27 de febrero de 2024, cuando la investigación judicial ya estaba en marcha, y aseguró que la contratación se había formalizado sin conocimiento de la dirección. Mientras tanto, la tragedia de Adamuz ha colocado bajo un foco especialmente duro un contrato aprobado por dos antiguos dirigentes cuya gestión está hoy en el centro de uno de los mayores escándalos de corrupción que ha sacudido a Adif en su historia reciente.