Adif, la sociedad pública gestora de infraestructuras ferroviarias dependiente del Ministerio de Transportes, adjudicó un contrato de 5.264.498,25 euros a la empresa donde estaba trabajando la mujer de Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, para el suministro de balasto destinado a la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, una operación que vuelve ahora al centro del debate tras el reciente descarrilamiento ocurrido en Córdoba, que ha dejado decenas de víctimas mortales según las primeras informaciones oficiales.
La adjudicación, firmada en mayo de 2022, no se limitaba a una simple compra de material: implicaba el abastecimiento de 275.000 toneladas de piedra triturada, un componente esencial para garantizar la estabilidad de las vías por las que circulan los trenes AVE. La piedra debía cumplir exigentes criterios técnicos, ya que el balasto tipo 1 es el de mayor calidad y coste dentro de los utilizados en alta velocidad.
El contrato fue otorgado a una unión temporal de empresas formada por Áridos Anfersa SL, Áridos Técnicos SA y Aritec Almonacid SL. La primera de ellas explotaba la cantera de El Parroso, situada en Villanueva del Río y Minas (Sevilla), una instalación que, según denunciaron dos competidoras excluidas del concurso, no contaba con la certificación de calidad exigida por la propia Adif.
Las sospechas no se limitaron al origen del material. Las empresas que perdieron la licitación advirtieron que la oferta ganadora rebajaba el presupuesto base en más de un 11%, un descuento tan agresivo que, según fuentes del sector, apenas permitiría cubrir los costes reales de extracción y transporte de un producto tan pesado. La patronal de productores de áridos ya había alertado por entonces de que precios de ese calibre eran difícilmente sostenibles sin sacrificar calidad o condiciones técnicas.
A ello se sumaba un dato clave: Áridos Anfersa había abonado en 2022 cerca de 7.800 euros a Patricia Úriz Iriarte, pareja sentimental de Koldo García, que por entonces era una figura central en el entorno del Ministerio de Transportes y posteriormente investigado por la UCO de la Guardia Civil por su papel en diversas tramas de contratación pública.
Los rivales en el concurso, Áridos y Recuperaciones SLU y Santiago Carmona SA, llevaron el caso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, alegando que la UTE adjudicataria no cumplía los requisitos de solvencia técnica exigidos en el pliego. También solicitaron acceso a la documentación técnica de sus competidores, pero Adif lo denegó aludiendo a la protección de secretos comerciales.
Uno de los puntos más controvertidos era que la cantera sevillana de El Parroso figuraba con el distintivo de calidad «desestimado» en los registros de Adif, lo que implicaba que no había superado los controles necesarios para suministrar balasto de alta velocidad. La única explotación homologada dentro de la UTE era la cantera La Marina, propiedad de Áridos Técnicos SA, situada en Almonacid de Toledo, a más de 450 kilómetros del tramo andaluz donde debía emplearse la piedra.
Desde el punto de vista logístico, las empresas excluidas consideraban inviable trasladar semejante volumen de material desde esa distancia sin disparar los costes. «O se está regalando la piedra o se está colocando material más barato que no cumple los estándares», resumían entonces fuentes del sector, que ahora vuelven a ser citadas tras el siniestro de Córdoba.
Pese a estas advertencias, el tribunal dio por buenos los argumentos de Adif, que defendió que bastaba con que una de las canteras de la UTE acreditase solvencia técnica para validar el expediente. También rechazó que existiera prueba alguna de que se estuviera utilizando una explotación no autorizada.
A esta trama se añaden varios episodios llamativos: el administrador de Áridos Anfersa coincidió en un parador de Granada con Ábalos y Koldo en julio de 2021, y uno de los directivos de las empresas adjudicatarias fue localizado por la Guardia Civil en una reunión con Koldo en Pamplona en 2023, cuando éste ya había abandonado formalmente su puesto en el Ministerio.
Ahora, tras el descarrilamiento registrado en Córdoba y ante la conmoción provocada por el elevado número de fallecidos, este contrato vuelve a ser objeto de escrutinio público, no tanto por una relación directa probada con el accidente, sino porque reabre el debate sobre los controles de calidad, la trazabilidad de los materiales y las prácticas en la contratación de infraestructuras críticas para la seguridad ferroviaria.
Hasta la fecha, ni Adif ni las empresas implicadas han establecido vínculo alguno entre el siniestro y el suministro de balasto objeto de aquella adjudicación. No obstante, el caso refuerza la presión para revisar a fondo los procedimientos y despejar cualquier sombra sobre la integridad de los materiales utilizados en la red de alta velocidad.
