El testimonio de dos empleadas del PSOE ante la Audiencia Nacional ha situado al partido en una posición más delicada dentro de la investigación sobre las presuntas maniobras atribuidas a Leire Díez para interferir en procedimientos judiciales relacionados con el entorno del Gobierno. Las declaraciones de Celia Rodríguez y Covadonga San Pedro apuntaron directamente al entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, como la persona que autorizaba las gestiones vinculadas a la exmilitante socialista.

Ambas comparecieron inicialmente como investigadas, aunque finalmente lo hicieron en calidad de testigos, lo que les obligó a responder a todas las preguntas formuladas durante el interrogatorio. Según diversas fuentes presentes en la declaración avanzan a El Mundo, explicaron que cualquier desplazamiento o gestión relacionada con Leire Díez requería la aprobación expresa de Cerdán, quien les indicaba cuándo debían reservar billetes de tren o avión o facilitar el acceso de la exconcejal al aparcamiento de la sede socialista de la calle Ferraz.

Las dos trabajadoras señalaron además que el caso de Leire Díez no seguía la tramitación ordinaria del partido. Afirmaron que cada petición era autorizada individualmente por el entonces responsable de Organización y que ellas se limitaban a ejecutar las instrucciones que recibían, ya que ambas desempeñaban funciones similares en distintos turnos dentro de ese departamento.

Durante la comparecencia también fueron preguntadas por los mecanismos internos de control del PSOE para autorizar gastos y desplazamientos. Según indicaron, existía un manual de cumplimiento normativo de unas 40 páginas, aunque reconocieron que apenas recurrían a él porque en su trabajo diario no les resultaba necesario.

Ese sistema de cumplimiento interno puede convertirse ahora en un elemento clave para el partido. La investigación trata de determinar si los protocolos implantados tras la reforma legal de 2015 funcionaban realmente de forma efectiva o si existieron deficiencias que pudieran comprometer la responsabilidad penal de la organización. El programa de compliance del PSOE fue aprobado en 2018, cuando José Luis Ábalos ocupaba la Secretaría de Organización.

Respecto a la relación entre Santos Cerdán y Leire Díez, las testigos explicaron que las reuniones entre ambos no figuraban reflejadas en la agenda oficial del dirigente socialista. Recordaron únicamente dos o tres encuentros, en los que también habrían participado el empresario Javier Pérez Dolset y Juanfran Serrano, estrecho colaborador de Cerdán en aquella etapa.

Las empleadas confirmaron igualmente que autorizaron numerosos accesos de Leire Díez al aparcamiento de Ferraz, aunque precisaron que estacionar allí su vehículo no significaba necesariamente que mantuviera reuniones con responsables del partido, ya que en ocasiones dejaba el coche y abandonaba posteriormente la sede.

Durante el registro practicado por la Unidad Central Operativa (UCO) en Ferraz fueron intervenidos los teléfonos móviles de ambas testigos. Aunque el juez no autorizó finalmente el acceso completo a su contenido, sí solicitó que facilitaran a los investigadores los mensajes intercambiados con Leire Díez, Santos Cerdán, Juanma Serrano y la gerente del partido, Ana María Fuentes.

Precisamente, la gerente del PSOE continúa investigada y deberá declarar el próximo 9 de septiembre. Su situación cobra especial relevancia porque durante el periodo objeto de investigación era la responsable del cumplimiento normativo de la formación. Paralelamente, el PSOE sigue expuesto a otras investigaciones judiciales, entre ellas una pieza separada del caso Koldo abierta en la Audiencia Nacional por orden del Tribunal Supremo y que permanece bajo secreto de sumario.