La Dirección General de Tráfico (DGT) volverá a cerrar el año con cifras récord de multas y recaudación, en una tendencia ascendente que coincide con el incremento de controles sobre los conductores. Aunque el organismo evita destacar estos datos, las estimaciones sitúan los ingresos por sanciones por encima de los 600 millones de euros, con un coste medio de unos 100 euros por multa.

El aumento de la recaudación se produce sin que exista una correspondencia clara con la mejora o el mantenimiento de las carreteras, un aspecto que genera críticas recurrentes entre conductores y asociaciones del sector.

Las estadísticas de años anteriores reflejan que dos de cada tres sanciones están relacionadas con el exceso de velocidad. A estas les siguen infracciones vinculadas a la documentación del vehículo, especialmente la ITV. En muchos casos, además, ni siquiera se identifica al conductor en las multas por radar, lo que incrementa la sensación de automatización del sistema sancionador.

El volumen de sanciones permite dimensionar el alcance del fenómeno. En España hay alrededor de 16 millones de conductores activos, y las estimaciones apuntan a que uno de cada tres habría sido multado en el último año. Esta proporción refuerza la percepción de que las sanciones se han convertido en un coste habitual más para quienes utilizan el vehículo de forma regular.

El foco de las multas también alimenta el debate. La presión sancionadora no parece centrarse en los conductores que cometen infracciones graves, sino en quienes superan los límites de velocidad por márgenes reducidos, en torno a 10 o 15 km/h. Este enfoque abre dudas sobre si la política de tráfico prioriza la seguridad vial o la recaudación.

El resultado es un modelo que incrementa la vigilancia y los ingresos públicos mientras crece el malestar entre los conductores, que cuestionan el destino de las multas y la eficacia real de las medidas aplicadas.