La directora de la ONG Quorum Social 77, Delia García, ha reconocido que muchos menores extranjeros no acompañados (menas) recurren a denuncias falsas como un método para deshacerse de los educadores que les ponen límites. En unas declaraciones grabadas y difundidas por el experto @CanarioToday, García admite que los jóvenes «ya han cogido el mecanismo de ir a la fiscalía, denunciar y que automáticamente se les crea», lo que les permitiría manipular a los profesionales y actuar sin control dentro de los centros.

Las afirmaciones han generado un fuerte revuelo, ya que proceden de una de las principales responsables de una entidad que gestiona programas de acogida en Canarias, una región que en los últimos años ha visto crecer de manera exponencial la llegada de menores inmigrantes. La admisión de que existe un uso deliberado del sistema judicial para amedrentar a educadores añade presión sobre una organización que ya se ha visto envuelta en varias controversias.

En los últimos meses, Quorum Social 77 ha sido cuestionada por la gestión de los fondos públicos destinados a la atención de estos menores y por las condiciones en las que operan algunos de sus centros. Medios locales han recogido quejas de trabajadores y asociaciones sindicales que denuncian falta de recursos, precariedad laboral e incluso presiones para no hacer públicas las irregularidades internas.

Además, en informes y debates parlamentarios se ha señalado que la ONG mantiene contratos millonarios con la administración autonómica sin que exista una fiscalización clara sobre el destino de las partidas económicas. Estas críticas se han intensificado después de episodios de violencia dentro de los centros gestionados por la entidad, donde varios educadores han sufrido agresiones físicas y psicológicas.

El reconocimiento de su propia directora sobre la existencia de denuncias falsas agrava la desconfianza en torno a la capacidad de Quorum Social 77 para garantizar tanto la protección de los menores como la seguridad de los trabajadores. Para organizaciones profesionales, el hecho de que se utilicen los mecanismos judiciales como arma de presión evidencia un problema estructural que ni el Gobierno canario ni la propia ONG han sabido afrontar.

La polémica, lejos de apagarse, apunta a un debate más amplio: cómo compatibilizar la tutela de los menores inmigrantes con la protección de los derechos de los trabajadores que los atienden y la necesidad de transparencia en el uso de fondos públicos. Mientras tanto, las palabras de García han abierto una grieta en la credibilidad de una organización que gestiona una parte sensible de la política migratoria en Canarias.