La empresa pública Adif sólo ha recibido el 57% de los recursos que el Ministerio de Transportes se comprometió a transferirle entre 2021 y 2025 para financiar la modernización y ampliación de las infraestructuras ferroviarias españolas. La ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado, prorrogados desde 2023, ha impedido cumplir las aportaciones previstas inicialmente y ha dejado sin ejecutar cerca de 1.200 millones de euros destinados a mejorar la red ferroviaria, según las cifras publicadas por El Español.

Esta situación ha adquirido especial relevancia después del accidente ferroviario registrado en Urda (Toledo), en el que han fallecido 69 personas, apenas nueve meses después de la tragedia de Adamuz, que se saldó con 46 víctimas mortales. Ambos siniestros se produjeron en la misma línea de alta velocidad, aunque todavía no se ha acreditado que las restricciones presupuestarias estén relacionadas con sus causas.

Los datos económicos de Adif reflejan que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se comprometió a aportar 4.695 millones de euros entre 2021 y 2025, conforme al convenio suscrito en julio de 2021. Sin embargo, las transferencias efectivamente realizadas por el Tesoro Público se limitaron a 2.662 millones, dejando pendientes más de 2.000 millones respecto a las cantidades inicialmente acordadas.

Pese a disponer de menos financiación estatal de la prevista, el administrador ferroviario adelantó recursos propios para sostener parte de sus actuaciones. De esta manera, consiguió ejecutar inversiones por valor de 3.516 millones de euros, una cantidad que representa aproximadamente el 75% del compromiso inicial. La diferencia entre las inversiones previstas y las materializadas asciende a 1.179 millones de euros.

Las dificultades también afectan a Adif-Alta Velocidad, la sociedad encargada de gestionar la red ferroviaria de altas prestaciones. En su caso, las aportaciones estatales únicamente han alcanzado el 46% del importe acordado, situado en 4.016 millones de euros para el periodo analizado.

El Gobierno mantiene las inversiones ferroviarias condicionadas por los Presupuestos prorrogados

El origen de este desfase se encuentra, en buena medida, en la incapacidad del Gobierno para aprobar unas nuevas cuentas públicas. España continúa funcionando con los Presupuestos de 2023, elaborados durante 2022, una circunstancia que dificulta actualizar las dotaciones económicas conforme a las necesidades que van surgiendo.

El convenio ferroviario contemplaba incrementos progresivos de las aportaciones del Estado. Sin embargo, al mantenerse el marco presupuestario anterior, el Ministerio de Transportes no ha podido incorporar por la vía ordinaria todos los aumentos de financiación inicialmente programados.

Para superar estas limitaciones, el Ejecutivo dispone de mecanismos excepcionales, como las modificaciones de crédito o la aprobación de nuevas dotaciones presupuestarias. No obstante, las ampliaciones efectuadas durante estos años no han bastado para compensar las cantidades que Adif debía recibir.

El economista Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente de Freemarket, sostiene que buena parte de los ajustes presupuestarios realizados por el Gobierno se han dirigido a atender gastos ordinarios, en detrimento de las inversiones.

Una interpretación similar ofrece Javier Santacruz, quien advierte de que la inexistencia de nuevas cuentas públicas dificulta la planificación financiera de los organismos estatales. En lugar de establecer sus necesidades mediante el procedimiento presupuestario habitual, los distintos departamentos deben solicitar ampliaciones de financiación a Hacienda.

La consecuencia es que las grandes obras públicas, que requieren compromisos económicos prolongados y una programación estable, quedan especialmente expuestas a los retrasos administrativos y a las restricciones de gasto.

Más de 150 millones de déficit anual en el mantenimiento de la alta velocidad

El desfase en las aportaciones estatales se produce en un contexto de crecientes advertencias sobre las necesidades de conservación y renovación de las infraestructuras ferroviarias.

El Instituto de Estudios Económicos, vinculado a la CEOE, ha situado en aproximadamente 3.600 millones de euros el déficit de inversión en infraestructuras ferroviarias, mientras que la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil calcula que el mantenimiento de la red de alta velocidad necesita más de 150 millones de euros adicionales cada año.

A estas estimaciones se suman las incidencias registradas en distintos tramos de la red. Según otra información publicada por El Español, Adif reconoció trece problemas relacionados con la señalización o las vías en el tramo donde posteriormente se produjo el accidente de Urda desde la llegada de Óscar Puente al Ministerio de Transportes.

Asimismo, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria había advertido de deficiencias en las comunicaciones entre el gestor de las infraestructuras y los maquinistas.

Estas circunstancias han reabierto el debate sobre la financiación destinada a garantizar el correcto funcionamiento de la red. No obstante, las incidencias detectadas y las necesidades de inversión no permiten, por sí solas, establecer una relación causal entre la falta de recursos y los accidentes ferroviarios.