La fiscal de la primera causa penal sobre Plus Ultra, María Luisa Llop, trató de que el procedimiento quedara definitivamente cerrado en febrero de 2023 al solicitar el sobreseimiento libre de las diligencias. Esa petición, de haber prosperado, habría impedido que el caso pudiera reabrirse años después con nuevos indicios y habría bloqueado la investigación que terminó derivando en la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de blanqueo de capitales y tráfico de influencias, según avanza El Confidencial.

La solicitud de Llop se produjo en el marco de la causa abierta en 2021 por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid para investigar el rescate de Plus Ultra, aerolínea que recibió 53 millones de euros de dinero público. La instrucción quedó en una situación comprometida después de que a la jueza Esperanza Collazos se le pasara el plazo para prorrogar las diligencias, lo que llevó a la Audiencia Provincial de Madrid a ordenar en noviembre de 2022 que no se practicaran nuevas actuaciones.

El archivo llegó finalmente en enero de 2023. Sin embargo, la magistrada optó por un sobreseimiento provisional, una vía que permite recuperar la investigación si aparecen nuevos elementos de relevancia penal. Esa decisión resultó clave para que, posteriormente, las nuevas pruebas remitidas desde el extranjero pudieran incorporarse a la causa.

Plus Ultra recurrió entonces ante la Audiencia Provincial para intentar que el cierre fuera libre y definitivo. La compañía defendía que el procedimiento debía quedar clausurado de forma irreversible. La sorpresa llegó cuando la fiscal María Luisa Llop se alineó con la tesis de la aerolínea y pidió también que el archivo fuera total.

En su escrito, la representante del Ministerio Público sostuvo que no existían indicios suficientes de delitos como cohecho, tráfico de influencias o prevaricación. Por ello solicitó que se revocara la resolución de la jueza Collazos y se dictara otra que acordara el sobreseimiento libre de la causa.

Esa posición generó desconcierto en sectores de la carrera fiscal. El sobreseimiento libre se utiliza con mucha cautela porque, en la práctica, equivale a cerrar definitivamente una investigación y a impedir que los mismos hechos puedan volver a examinarse aunque más adelante aparezcan nuevas pruebas. En este caso, además, la jueza había archivado por una cuestión formal vinculada a los plazos, no porque descartara por completo la existencia de indicios.

De hecho, Collazos consideraba que había elementos que justificaban seguir investigando y tenía pendientes varias diligencias que no pudo practicar por el cierre de la instrucción. Por eso, fuentes jurídicas consideran especialmente llamativa la actuación de Llop, al tratarse de una fiscal que recurrió un archivo provisional para convertirlo en definitivo.

La petición no prosperó. La Audiencia Provincial mantuvo el criterio de la instructora y dejó el caso archivado de forma provisional. Esa decisión permitió que las comisiones rogatorias enviadas posteriormente por Francia y Suiza, con información sobre una presunta red de blanqueo vinculada a empresarios venezolanos, pudieran servir para reactivar el procedimiento.

La reapertura de la investigación terminó desembocando en nuevas diligencias. En diciembre se produjo la detención del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y del empresario Julio Martínez Martínez, señalado como supuesto testaferro de Zapatero. En una fase posterior, el pasado 19 de mayo, las actuaciones se dirigieron ya contra el expresidente del Gobierno, con imputación y registros.

La actuación de Llop vuelve ahora al foco tras el levantamiento del secreto del sumario. Las conversaciones intervenidas a la trama apuntan a presuntas maniobras para intentar neutralizar la investigación e influir en el procedimiento a través de contactos en la Fiscalía. En esos mensajes, el abogado Miguel Palomero llegó a plantear la posibilidad de actuar mediante sus conexiones fiscales y mencionó que la fiscal jefa era «amiga».

También se localizaron comunicaciones en las que Rodolfo Reyes afirmaba que iba a intentar obtener información sobre la jueza Esperanza Collazos, encargada de la causa en Plaza Castilla. Esos elementos han colocado bajo sospecha el contexto en el que se produjeron determinadas decisiones procesales durante la primera etapa de la investigación.

La solicitud de sobreseimiento libre no fue la única actuación controvertida de la Fiscalía de Madrid en aquel procedimiento. Meses antes, aprovechando que la jueza Collazos se encontraba de vacaciones, la fiscal Llop apoyó la petición de Plus Ultra para levantar una medida cautelar que impedía a la compañía acceder a una parte relevante del rescate.

El juez sustituto aceptó esa reclamación, lo que permitió a la SEPI transferir a la aerolínea 34 millones de euros. La decisión resultó especialmente relevante porque la actuación del organismo público en el rescate se encuentra ahora también bajo análisis dentro de las pesquisas.

Después de aquel episodio, Llop fue destinada a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, una plaza considerada especialmente codiciada dentro de la carrera fiscal. Su nombramiento se produjo en enero de 2024 y fue consolidado meses más tarde por el Consejo de Ministros, en noviembre de ese mismo año, a propuesta del entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

La evolución del caso contrasta con la actuación posterior de la Fiscalía Anticorrupción. Años después del archivo inicial, la fiscal Elena Lorente impulsó la reapertura de la investigación a partir de los nuevos datos llegados de Francia y Suiza. En noviembre de 2025 solicitó al Juzgado de Instrucción número 15 la apertura de una pieza secreta que acabaría llevando las diligencias hasta el entorno de Zapatero.

Si la Audiencia Provincial hubiera aceptado en 2023 la petición de María Luisa Llop y hubiera decretado el sobreseimiento libre, esa nueva fase de la investigación no habría podido ponerse en marcha. La causa habría quedado cerrada de forma definitiva antes de que afloraran los indicios que ahora han situado el rescate de Plus Ultra de nuevo en el centro de la investigación judicial.