La fiscal María de la O Silva, a cargo de la querella del novio de Isabel Díaz Ayuso contra los fiscales que investigan un presunto fraude fiscal, pide que la Junta de Fiscales de Sala la escuche. Silva quiere investigar los hechos, frente a la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde. La mano derecha de Álvaro García Ortiz, fiscal general nombrado por el Gobierno, ordenó inadmitir la querella. Lo mismo se hizo con la del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, que también denunció la filtración sobre la pareja de la presidenta madrileña.
Así lo confirman fuentes fiscales, que precisan que la reunión de la Junta de Fiscales de Sala será este miércoles a las 9.00. El fiscal general, Álvaro García Ortiz, se abstuvo y no estará. Tampoco el fiscal José Luis Bueren, que se ha jubilado.
Silva ha invocado el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), utilizado cuando un fiscal «recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las leyes». El artículo indica que «se lo trasladará a su superior». Además, «en caso de persistir la discrepancia, éste podrá convocar Junta de Fiscales de Sala». La asamblea tiene carácter consultivo, así que Sánchez Conde podrá ratificarse en su decisión o corregirla.
La teniente fiscal ya trasladó de forma verbal su parecer a la fiscal Silva, que proponía que se practicasen diligencias de investigación. Ello antes de emitir informe al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, donde recayó la querella.
Sánchez Conde recordó que la Fiscalía de Madrid archivó la querella del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid contra los fiscales del caso. Por ello, le parece lo pertinente es mantener dicho criterio de la Fiscalía e inadmitir la querella del novio de Ayuso.
Así las cosas, la teniente fiscal rechaza el planteamiento de Silva de reclamar a la Fiscalía las comunicaciones entre los dos fiscales contra los que se dirige la querella. Son la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de delitos económicos Julián Salto, y el propio fiscal general del Estado.
En aquella reunión, Sánchez Conde defendió que no veía delito alguno y la «legitimidad constitucional» del comunicado difundido. Por ello, la ‘número dos’ del Ministerio Público insiste en que lo que corresponde es pedir la inadmisión de la querella de la pareja de Díaz Ayuso.
El tiene lugar a raíz de la querella que Alberto G.A., novio de Ayuso, presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por una nota informativa. Ésta fue difundida por un canal oficial en el que la Fiscalía de Madrid informaba de los correos entre su abogado y el fiscal de una investigación por presunto fraude fiscal.
El pasado 15 de abril, García Ortiz asumió la «responsabilidad última» de la nota de prensa en cuestión. Y aseguró que no iba a «consentir» que la fiscal jefa de Madrid y el fiscal a cargo fuesen «perturbados por ejercitar la acción penal».
«No voy a tolerar que ningún fiscal tenga que soportar las consecuencias del funcionamiento transparente de nuestra institución», señaló. Con todo, el fiscal general defendió que no podía considerarse «infringido el deber de reserva». Ya que, según él, el objeto de la comunicación era «de dominio público fruto de indeseables filtraciones».
