La investigación sobre el rescate público de Plus Ultra ha tomado un giro significativo con la intervención de la Fiscalía anticorrupción. Según publica The Objective, la causa, reabierta como pieza separada por un presunto delito de blanqueo de capitales, ya no depende de la Fiscalía Provincial de Madrid, sino de Anticorrupción, que goza de mayor independencia funcional y menor dependencia jerárquica de la Fiscalía General del Estado.
El nuevo procedimiento se centra en los 53 millones de euros otorgados por la SEPI a la aerolínea en marzo de 2021. Se investiga ahora si parte de estos fondos pudo ser utilizada para devolver préstamos a sociedades vinculadas a una presunta organización criminal internacional.
En la fase inicial, entre 2021 y 2023, la causa fue archivada tras considerarse que la imputación de Plus Ultra como persona jurídica se realizó fuera de plazo. La Fiscalía Provincial y la Abogacía del Estado habían sostenido que no existían indicios de delitos de malversación o fraude en el rescate aprobado por el FASEE. Durante ese periodo, la fiscal María Luisa Llop logró levantar la suspensión del pago de 34 millones pendientes, completando así el desembolso de los 53 millones a la aerolínea.
La situación ha cambiado con la llegada de la fiscal Elena Lorente, de Anticorrupción, quien ya había presentado una querella por blanqueo de capitales en 2024. La hipótesis es que fondos públicos podrían haber sido desviados hacia préstamos privados de sociedades offshore en Suiza o Reino Unido, con capital venezolano de origen dudoso.
Fuentes jurídicas destacan que el paso de la investigación a Fiscalía Anticorrupción dota al procedimiento de mayor autonomía y experiencia en criminalidad económica, complicando posibles intentos de influencia externa, incluidos los que podrían involucrar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La nueva fase del caso Plus Ultra apunta a esclarecer si el rescate público fue utilizado indebidamente para fines privados y criminales.