La Fiscalía de Valladolid ha solicitado una pena de dos años de prisión para el humorista y presentador Héctor de Miguel Martín, conocido como Quequé, por un presunto delito de coacciones contra la presidenta de la Asociación Abogados Cristianos, Polonia Castellanos.

El procedimiento judicial se encuentra ya en fase de juicio oral tras la decisión del Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid, que ha apreciado indicios suficientes de delito. La causa será enjuiciada por el Tribunal de Instancia en su sección penal de Valladolid, designado como órgano competente para dictar sentencia.

Además de la pena de cárcel, el Ministerio Público reclama la inhabilitación del acusado para el ejercicio de su profesión durante el tiempo de la condena, así como la pérdida del derecho de sufragio pasivo. En concepto de responsabilidad civil, solicita que indemnice a la denunciante con 6.000 euros por los daños ocasionados. En este proceso figura también como responsable civil subsidiaria la Cadena SER, empresa en la que trabaja el comunicador.

Por su parte, la acusación particular, representada por la propia Castellanos, eleva considerablemente las peticiones. Reclama una condena total de cuatro años de prisión, al atribuirle dos delitos: uno de incitación al odio y otro de acoso. Asimismo, solicita una multa de 24 meses y una indemnización de 12.000 euros.

El auto judicial también impone al acusado la obligación de depositar una fianza de 8.000 euros en el plazo de un día hábil, con el fin de garantizar posibles responsabilidades económicas derivadas del proceso.

El origen de este caso se remonta a la denuncia presentada por la asociación contra el humorista y la Sociedad Española de Radiodifusión. Las diligencias previas dieron lugar a la investigación, en el marco de la cual el acusado prestó declaración por videoconferencia desde Madrid, respondiendo únicamente a las preguntas de la jueza instructora y de su defensa.

Según sostiene la parte denunciante, los hechos estarían relacionados con comentarios realizados por el comunicador que habrían provocado una reacción masiva de sus seguidores. De acuerdo con esta versión, la asociación llegó a recibir más de 1.200 llamadas telefónicas en un solo día, una situación que, según Castellanos, resultó «insostenible» y generó un fuerte impacto en su vida personal y familiar.

La presidenta de Abogados Cristianos ha mantenido públicamente sus críticas hacia el acusado, al que reprocha haber alentado ese comportamiento. A su juicio, este tipo de conductas no pueden justificarse en el ámbito del humor, especialmente cuando afectan a la integridad y el honor de terceros.

El caso continúa ahora su recorrido judicial a la espera de la celebración del juicio, en el que se determinará la responsabilidad penal del acusado en relación con los hechos denunciados.