La financiación con fondos europeos de las adjudicaciones de obra pública que investiga el Tribunal Supremo podría desencadenar un choque de competencias entre la Fiscalía Europea y la Fiscalía Anticorrupción. El foco está puesto en contratos gestionados durante la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes y que habrían servido, presuntamente, para el cobro de comisiones ilegales por parte del exministro, su asesor Koldo García y el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, según avanza Abc.

Según fuentes consultadas, la Fiscalía Europea valora reclamar la instrucción de la causa al considerar que en los expedientes bajo sospecha aparecen fondos comunitarios. Sin embargo, desde Anticorrupción se replica que la sola presencia de dinero europeo no basta para ceder la investigación y que el procedimiento debe permanecer en manos de la justicia española. El organismo comunitario, creado en 2021 y con sede en Luxemburgo, solo asume procesos vinculados de forma directa a delitos que atenten contra los intereses financieros de la Unión Europea.

En España, la delegación encabezada por Ignacio de Lucas sigue de cerca el caso, aunque oficialmente aún no ha solicitado el traspaso del mismo. Desde esa oficina admiten que la cuestión competencial está sobre la mesa y que habrá novedades en las próximas semanas. No obstante, insisten en que su prioridad es garantizar que las pesquisas avancen sin trabas.

Mientras tanto, Anticorrupción, junto con un equipo de 12 agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, continúa analizando las adjudicaciones señaladas por el comisionista Víctor de Aldama y cruzando los datos con grabaciones incautadas a Koldo García. En una de ellas se escucha, presuntamente, una conversación sobre el reparto de mordidas en la que también aparece mencionado Santos Cerdán.

La documentación revisada muestra que, de los seis contratos bajo investigación, tres fueron financiados con fondos europeos y alcanzan un importe global de 401,3 millones de euros. Se trata de las obras del corredor mediterráneo de alta velocidad entre Murcia y Almería (146,6 millones, enero de 2019), el soterramiento ferroviario en Murcia (192,1 millones, mayo de 2019) y la integración del tren en Sant Feliu de Llobregat (62,6 millones, noviembre de 2019). Los tres fueron adjudicados a Acciona y Ferrovial en UTE durante la gestión de Ábalos.