La Fiscalía Europea ha puesto el foco en los contratos de las pulseras telemáticas de seguimiento para agresores por violencia de género adjudicados durante la etapa de Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad. En sus pesquisas, ha solicitado los informes sobre las incidencias y deficiencias administrativas de las licitaciones, entre ellos una auditoría del Tribunal de Cuentas que ya ha requerido la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El principal reparo, según avanza ABC, se refiere al uso reiterado del procedimiento de urgencia para adjudicar un servicio que funciona de forma continuada desde 2009. El Tribunal de Cuentas sostiene que el vencimiento de los tres contratos anteriores era conocido desde su firma y que Igualdad debía haber planificado las licitaciones con antelación y recurrido al procedimiento ordinario.

Esta vía habría permitido a las empresas preparar sus ofertas con tiempo suficiente y favorecer la concurrencia. Sin embargo, el departamento optó por el mecanismo excepcional, que reduce los plazos de contratación.

Uno de los expedientes examinados es el 202303PA0001. Igualdad justificó la urgencia por la financiación del contrato con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y citó el artículo 50 del Real Decreto-ley 36/2020. El Tribunal de Cuentas advierte de que esa norma no permite aplicar automáticamente la urgencia a los contratos financiados con fondos europeos. Exige acreditar en cada caso que las circunstancias hacen impracticables los plazos ordinarios y motivar esa necesidad.

El informe repasa licitaciones anteriores. En el expediente 201822PA0001, la urgencia se apoyó en que una convocatoria ordinaria, publicada el 7 de octubre de 2017 con un presupuesto de 12,4 millones de euros, quedó desierta cerca del final del contrato vigente. El órgano fiscalizador admite que esa circunstancia pudo justificar entonces la medida, pero recuerda que la planificación debe contemplar contingencias previsibles, como recursos administrativos o concursos sin ofertas.

En el expediente 202103PA0003, el Ministerio alegó un aumento de las instalaciones de dispositivos, que ya había obligado en 2019 y 2020 a modificar el contrato en vigor un 19,78%, además del vencimiento próximo de la prórroga.

Las antiguas responsables de Igualdad defendieron la urgencia del expediente de 2023, aprobada el 6 de julio, por la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2022, conocida como ley del ‘solo sí es sí’. Según sus alegaciones, la norma amplió la protección a las violencias sexuales e incorporó requisitos técnicos, como la vinculación multiagresor. También invocaron la necesidad de evitar que el servicio quedara sin cobertura contractual.

El Tribunal de Cuentas no cuestiona la importancia de mantener la protección, pero considera que la urgencia debe interpretarse de forma restrictiva. Señala que la ley entró en vigor el 7 de octubre de 2022 y que el estudio técnico sobre los dispositivos multiagresor se entregó en abril de 2023. A juicio de los auditores, el tiempo hasta julio permitía impulsar una licitación ordinaria.

La UCO analiza los informes del Tribunal de Cuentas y los pliegos y contratos del servicio, que también solicitó al Ministerio de Igualdad. La Fiscalía Europea deberá determinar el alcance de las posibles irregularidades y su incidencia en los fondos comunitarios.