La intervención de la Fiscalía Europea en el caso Koldo y en el caso que investiga a la mujer del presidente, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias y delitos de corrupción en los negocios se entendió hace unas semanas como un hito significativo en la lucha contra el fraude y la corrupción en el ámbito de la Unión Europea (UE).
Que la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en iglés), en teoría una institución independiente de la UE, asumiese estos casos podía indicar que ambos involucran delitos graves que afectan los intereses financieros europeos. Sin embargo, que sea la EPPO quien se haga cargo de estas investigaciones también puede beneficiar al Gobierno de Pedro Sánchez, el principal señalado por estos presuntos casos de corrupción.
A finales del mes de mayo, este organismo anunció su decisión de asumir la investigación de la presunta trama de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia, conocida como caso Koldo y que instruye el juez Ismael Moreno. Y esta semana ha reclamado la investigación en la que está imputada Begoña Gómez. Esto implica que el juez que estaba instruyéndolo hasta ahora, el magistrado Juan Carlos Peinado, debe paralizar esas diligencias.
Además, la EPPO no admite la personación de acusaciones populares, que en el caso de Begoña Gómez ejercen VOX y Manos Limpias y que se quedarían fuera de esa parte.
«Cuando la Fiscalía Europea ejerza su derecho de avocación, las autoridades competentes de los Estados miembros le transferirán el expediente y se abstendrán de realizar nuevos actos de investigación en relación con el mismo delito», detalla el artículo 25.6 del reglamento de la EPPO. Cuando se produce una situación de discrepancia entre la Fiscalía Europea y las autoridades de un país, la decisión final queda en manos del Tribunal Supremo. Y en situaciones similares —el Supremo ha revisado en los últimos años dos situaciones «de discrepancia»—, el tribunal ha terminado por dejar las investigaciones en manos de Luxemburgo.
Otro de los puntos que puede beneficiar al Ejecutivo de Sánchez es que, como Fiscalía Europea remarcó este lunes, «no comenta investigaciones en curso», lo que mantendrá a la mujer de Sánchez fuera del foco mediático mientras esté en curso la investigación.
Ignacio De Lucas, un elegido del PSOE
La delegación en España de la Fiscalía Europea está supervisada por Ignacio De Lucas, que fue elegido para este puesto por el Gobierno, La Fiscalía General del Estado de Álvaro García Ortiz y un vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en julio de 2023.
Antes de ser fiscal europeo, De Lucas fue ascendido a teniente fiscal Antidroga de la Audiencia Nacional cuando Dolores Delgado era fiscal general del Estado. En aquel momento, recuerda Libertad Digital, varios compañeros denunciaron su designación y consideraron que había sido «enchufado» por su cercanía con el PSOE. Además, su hermano fue senador de este partido.
En este contexto, se plantean como posibles dos escenarios: que los jueces Moreno y Peinado acepten que la competencia corresponde a la Fiscalía Europea o que presenten ante el Supremo la cuestión de competencia antes mencionada. El Alto Tribunal tendrá que decidir qué hace en estos casos.
Por su parte, la Fiscalía Europea defiende que tiene competencia obligatoria y sostiene que sus reglamentos internos blindan su primacía si hay fondos europeos de por medio. Desde que se instauró en España en junio de 2021 no ha llevado ninguna causa a juicio.
