La Fiscalía Europea ha puesto en marcha nuevas actuaciones en el marco de una investigación por un presunto fraude relacionado con la adquisición de pulseras telemáticas para controlar a agresores condenados o investigados por violencia de género. La operación ha llevado este jueves a agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hasta las dependencias del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas para recabar documentación relacionada con los contratos bajo sospecha.

El procedimiento se centra en la posible utilización irregular de fondos procedentes de la Unión Europea para financiar la compra de estos dispositivos electrónicos. Su finalidad es supervisar el cumplimiento de las prohibiciones de aproximación y otras medidas judiciales impuestas a personas investigadas o condenadas por delitos de violencia de género.

Según ha comunicado el organismo comunitario, las diligencias responden a la existencia de indicios de un posible delito de fraude que afectaría a recursos europeos destinados a la contratación de estos sistemas de protección. Por el momento, no se han concretado públicamente las cantidades económicas investigadas ni las eventuales responsabilidades individuales.

Las actuaciones tienen su origen en unas pesquisas iniciadas durante 2025, cuando comenzaron las comprobaciones sobre la adjudicación y ejecución del contrato. Tras examinar la información recopilada durante los últimos meses, la Fiscalía Europea decidió abrir una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que se realizó la contratación.

De acuerdo con la información publicada por El Mundo, los agentes de la UCO se han presentado en la sede del departamento que dirige Ana Redondo para solicitar distintos expedientes y documentos vinculados a la adquisición de las pulseras. Paralelamente, los investigadores han acudido al Tribunal de Cuentas con el objetivo de obtener información que pueda resultar relevante para determinar el destino y la justificación de los fondos empleados.

La investigación afecta a la contratación de unos dispositivos que ya habían suscitado controversia por los fallos de funcionamiento denunciados en el sistema de seguimiento telemático de agresores. Estos mecanismos están diseñados para alertar de posibles incumplimientos de las restricciones judiciales y reforzar la protección de las víctimas.

Ahora, las sospechas se extienden al ámbito económico y contractual. Los investigadores europeos tratan de determinar si durante el proceso de adquisición de los dispositivos se produjeron irregularidades susceptibles de constituir un fraude contra los intereses financieros de la Unión Europea.

La intervención de la Fiscalía Europea (EPPO) responde precisamente a sus competencias para perseguir posibles delitos que afecten al presupuesto comunitario. La participación de la Guardia Civil se enmarca en las diligencias destinadas a reunir pruebas documentales y esclarecer los hechos.

Por el momento, las actuaciones se encuentran en fase de investigación y no implican que se haya acreditado la comisión de un delito. El procedimiento deberá determinar si existieron irregularidades en la contratación, qué fondos pudieron verse afectados y quiénes serían, en su caso, los responsables.