La Fiscalía General del Estado que dirigía Álvaro García Ortiz remitió en junio de 2025 un informe sin firma que cuestionaba una querella contra Leire Díez por sus presuntas maniobras contra la juez Beatriz Biedma, según revela El Confidencial. El documento, de siete páginas, calificaba la denuncia de «delirante», descartaba relevancia penal en los hechos relatados y planteaba actuar contra la asociación querellante, aunque en aquella fase solo correspondía pronunciarse sobre qué juzgado debía asumir la investigación.
La existencia del escrito ha trascendido después de que el fiscal jefe de Badajoz, José Luis Alonso Tejuca, lo entregara al juez Santiago Pedraz durante su declaración como testigo del 10 de septiembre. Su aportación contrasta con la respuesta que la Fiscalía General, actualmente encabezada por Teresa Peramato, había enviado dos días antes a la Audiencia Nacional: aseguró que no disponía de documentación sobre aquella querella. Sin embargo, Alonso Tejuca presentó al menos tres archivos intercambiados con Madrid, entre ellos el informe que desacreditaba la denuncia.
El fiscal jefe explicó que, nada más recibir la querella, la trasladó a Diego Villafañe, responsable de la Secretaría Técnica y estrecho colaborador de García Ortiz, pese a que no era su superior jerárquico. La contestación llegó en cuestión de horas. Aunque el documento carecía de firma, Alonso Tejuca atribuyó su elaboración al fiscal Jordi Casas, integrante de ese departamento, y reconoció que hasta 35 líneas de su contenido acabaron incorporadas al escrito remitido al juzgado.
El análisis enviado desde Madrid rechazaba los distintos delitos planteado. Sobre la revelación de secretos, sostenía que no constaba una obtención ilícita de información ni referencias que justificaran la afectación de datos personales o familiares reservados. También descartaba la estafa procesal y negaba indicios de cohecho. En materia de competencia, defendía que las diligencias permanecieran en Badajoz, mientras que el fiscal encargado del asunto mantuvo su criterio de que debían investigarse en Madrid, donde ya se tramitaba otro procedimiento contra Díez.
Las pesquisas terminaron en la Audiencia Nacional, donde, según la información publicada, figuran como investigados Díez, Santos Cerdán y Ana Fuentes, entre otros. Biedma ha sido admitida como perjudicada, por ahora por un presunto delito de calumnias. La magistrada ha señalado anotaciones que, a su juicio, apuntan a un posible plan para intimidarla mediante contactos con narcotraficantes de Badajoz y ha aportado vídeos de un colaborador de Díez que afirmaba conocer el colegio de sus hijos.
La investigación examina asimismo los contactos de Leire Díez con la Fiscalía y los supuestos tratos de favor que ofrecía invocando a esa institución. Entre los episodios recogidos aparece su petición al empresario Alejandro Hamlyn de información sobre el coronel de la Guardia Civil Antonio Balas, responsable de investigaciones que afectan al entorno de Moncloa. La documentación entregada por Alonso Tejuca incorpora ahora a la causa el criterio que la Secretaría Técnica trasladó sobre la querella y permite contrastarlo con la respuesta posterior de la Fiscalía General sobre la inexistencia de archivos.
