Cada septiembre, desde hace casi una década, la Memoria de la Fiscalía General del Estado incluía un dato incómodo para cualquier Gobierno. Junto al número de expedientes abiertos para determinar la edad de extranjeros que decían ser menas, la Fiscalía detallaba cuántos de ellos habían terminado con un decreto de minoría de edad, cuántos con un decreto de mayoría y cuántos se habían archivado. La Memoria publicada el pasado septiembre, referida a 2025, es la primera que no lo hace. Cualquiera que la lea de principio a fin encontrará el número de expedientes incoados y el de pendientes, pero ni una sola línea sobre cuántos de los examinados resultaron ser adultos.

La serie que acaba de interrumpirse no era un detalle menor. Entre 2017 y 2024 la Fiscalía dictó 17.086 decretos de mayoría de edad, lo que equivale a un 30% de todos los expedientes incoados y a cuatro de cada diez de los que llegaron a resolverse con prueba. La proporción apenas se movía de un año a otro, con un mínimo del 34% en 2021 y un máximo del 44% en 2017, y se mantuvo con Gobiernos de distinto signo y con volúmenes de llegadas muy dispares. La Memoria de 2024, la última que incluyó el desglose, llegaba a reconocer que entre los declarados adultos había personas «claramente mayores de edad» que incluso lo admitían al ser preguntadas.

Ese era el único termómetro oficial del fraude de edad en España. Sin él, cualquier cifra que se maneje a partir de ahora, ya venga de un Gobierno autonómico, de una ONG o de un medio, carecerá de contraste nacional. en 2024, el 39% de los menas examinados resultaron ser adultos.

Es un silencio que nadie explica

La Memoria no justifica la supresión. El apartado dedicado a los menas se limita a atribuir el atasco de expedientes a la falta de medios y a describir las declaraciones de contingencia migratoria en Canarias y Ceuta, el reparto de menores entre comunidades y la medida cautelar del Tribunal Supremo que obligó al Estado a acoger a quienes hubieran pedido asilo. Nada se dice sobre por qué este año la Unidad de Extranjería, que era la que venía ofreciendo el cuadro completo, ha dejado de hacerlo. Y tampoco lo ha publicado el Ministerio del Interior, que a través de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras dispone del Registro de Menores Extranjeros No Acompañados y conoce de primera mano cada baja por mayoría de edad.

El momento elegido tampoco ayuda a pensar en un descuido. 2025 fue el año en que el Gobierno sacó adelante el reparto obligatorio de menores entre comunidades autónomas, con varias de ellas recurriendo ante los tribunales, y el año en que la propia Fiscalía describe una «llegada masiva» por Canarias y Ceuta. Si el porcentaje de adultos se hubiera mantenido en la media de la serie, en torno a 1.600 de los expedientes resueltos en 2025 habrían terminado con un decreto de mayoría de edad, y una parte de esos inmigrantes ilegales habrían sido trasladados a la Península como menas.

Cabe señalar que las fiscalías territoriales siguen incluyendo en sus propias memorias el número de expedientes de edad incoados y resueltos, de modo que la información está disponible provincia a provincia para quien tenga tiempo de sumarla. Lo que ha desaparecido es el cuadro que lo reunía todo en una sola página y que permitía al ciudadano saber, sin intermediarios, cuántos adultos había pasado por el sistema de protección de menores ese año.