La Fiscalía General del Estado publicó el pasado mes de septiembre su Memoria del ejercicio 2025 y en ella aparecen dos cifras sobre las que el Gobierno ha pasado de puntillas. Durante el año se incoaron 7.999 expedientes para determinar la edad de extranjeros que aseguraban ser menores extranjeros no acompañados, y a 31 de diciembre quedaron cerca de 3.900 sin resolver. Casi la mitad de quienes entraron en el sistema de protección alegando ser menores terminó el año, por tanto, sin que nadie hubiera comprobado si decían la verdad.
El motivo lo da la propia Fiscalía cuando escribe que esa tendencia «responde a la falta de medios personales y materiales para acometer el volumen de trabajo que genera determinar la edad civil de personas extranjeras indocumentadas». Tampoco se trata de algo pasajero, porque la Memoria anterior ya recogía una bolsa de expedientes sin resolver prácticamente idéntica al cierre de 2024, lo que significa que 2025 ha terminado con el mismo atasco con el que empezó. Durante doce meses los fiscales han ido cerrando expedientes al ritmo al que entraban otros nuevos, sin recortar un solo caso de la cola.
Mientras el expediente sigue abierto, la ley obliga a tratar al interesado como menor. Eso supone plaza en un centro de protección, tutela provisional y los mismos recursos que recibe un menor acreditado, y según fuentes policiales la espera media ronda los cuatro o cinco meses, un plazo que con casi 4.000 expedientes en cola solo puede ir a peor. A ello se suma lo que ya publicó LA GACETA, y es que una parte considerable de esos presuntos menores abandona el centro antes de que la prueba llegue a practicarse, con lo que el expediente se archiva y nadie vuelve a saber de ellos.
Los casi 8.000 expedientes de 2025 repiten el volumen de 2024 y sitúan al sistema en el nivel más alto desde la avalancha de 2018, cuando la crisis de las pateras en Andalucía disparó las diligencias por encima de las 12.000. La Memoria lo atribuye a «una llegada masiva de menores extranjeros con entrada mayoritaria por las Islas Canarias y Ceuta», que obligó a declarar ambos territorios en situación de contingencia migratoria y a repartir a los menores entre el resto de comunidades autónomas, un reparto que varias de ellas han llevado a los tribunales.
