La Fiscalía ha decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional la sentencia del Tribunal Supremo que condenó al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos. El caso se refiere a la difusión de datos relativos a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Según ha informado el propio Ministerio Público, el recurso de amparo se ha presentado ante el Tribunal Constitucional, junto con la impugnación del auto del Supremo que rechazó previamente el incidente de nulidad planteado por la defensa de García Ortiz.
La Fiscalía sostiene que la sentencia vulnera varios derechos fundamentales del ex fiscal general, entre ellos el derecho a la presunción de inocencia, a un proceso con todas las garantías, a conocer la acusación y a defenderse adecuadamente, así como el principio de legalidad penal.
La decisión de recurrir supone un nuevo movimiento en un caso que ha generado un fuerte impacto político e institucional, al afectar directamente a quien ocupaba la jefatura del Ministerio Público. La condena del Supremo marcó un precedente al responsabilizar al máximo responsable de la Fiscalía por la filtración de información sensible, un hecho que tensionó aún más la relación entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid.
El recurso ante el Constitucional abre ahora un nuevo frente judicial con el que la Fiscalía trata de revertir una condena que cuestiona el uso de información reservada desde las más altas instancias del Estado. Entretanto, la resolución del Supremo sigue vigente y mantiene la inhabilitación de García Ortiz, a la espera de lo que dictamine el tribunal de garantías.