La teniente fiscal del Tribunal Supremo y número dos del fiscal general ha solicitado al Alto Tribunal que rechace la reapertura del caso del asesinato de Miguel Ángel Blanco, el concejal del Partido Popular ejecutado por ETA en 1997. En su petición, la fiscal María Ángeles Sánchez Conde argumenta que los delitos ya han prescrito y que, por lo tanto, no procede admitir los recursos presentados para reabrir la causa.
Esta postura choca con la adoptada por la mayoría de los fiscales de la sección penal del Supremo, quienes, en una reunión celebrada en febrero, se mostraron favorables a dar curso a los recursos de casación interpuestos por las acusaciones populares. Estas fueron presentadas por el Partido Popular, así como por la asociación Dignidad y Justicia (DyJ) y la Fundación Villacisneros, todas ellas en contra de la decisión previa de la Audiencia Nacional de archivar el caso alegando prescripción.
Los escritos confirman que la Fiscalía mantiene su criterio de que la acción penal ha caducado y que no se dan las condiciones necesarias para la reapertura de la investigación. La defensa de las acusaciones, sin embargo, sostiene que los responsables de la planificación del crimen deben rendir cuentas y que el caso no debería cerrarse sin más.
Este debate jurídico se produce en un contexto en el que diversas asociaciones y partidos han insistido en la necesidad de esclarecer todas las responsabilidades en torno al secuestro y asesinato de Blanco, un crimen que marcó un punto de inflexión en la lucha contra ETA y provocó una ola de movilización ciudadana en toda España.
Ahora, el Tribunal Supremo deberá decidir si da la razón a la fiscalía y mantiene el archivo del caso o si, por el contrario, atiende las peticiones de las acusaciones y permite que la investigación continúe.
