Desde hace dos años, la Fiscalía General del Estado viene reconociendo numerosos problemas a la hora de llevar a cabo las diligencias procesales para la determinación de edad de los menores extranjeros no acompañados (menas). Tanto es así, que este año por primera vez ha reconocido que «los servicios están desbordados ante la llegada masiva de inmigrantes».
Lo ha hecho a través de su última memoria donde, entre otros datos, la FGE recoge con detalle todas aquellas pruebas incoadas a lo largo del pasado año. Según las estadísticas publicadas por el órgano judicial, durante 2021 se registraron un total de 6.677 pruebas, de las cuales 1.654 arrojaron mayoría de edad y 3.245 dieron como resultado una minoría de edad.
Por otro lado, un total de 1.778 concluyeron sin determinación de la edad por abandono de los centros antes de poder practicarse diligencias. Estas pruebas por tanto resultaron archivadas. Así, de los 6.677 menas, casi un 25% resultaron ser mayores de edad, sin contabilizar aquellas diligencias que finalmente no pudieron esclarecerse.
Lo expuesto evidencia una clara problemática a la hora de tener un efectivo control sobre presuntos menores que, en un considerado porcentaje de los casos, salen de los sistemas autonómicos de tutela cuando aún no se han resuelto las diligencias practicadas por las diferentes fiscalías de menores. También, la FGE llega a reconocer que el año pasado quedaron sin resolver más de 1.000 expedientes de determinación de edad por aportaciones de documentos con posterioridad a la realización de las pruebas.
En este sentido, la Fiscalía sostiene que “da prioridad en la determinación de la edad al documento salvo que aprecie indicios fehacientes de fraude en el mismo”. Pero a su vez afirma que los mecanismos de aportación de documentos por parte de los menas son “escasamente fiables”. En este sentido desde La Gaceta de la Iberosfera se ha consultado a diversas fuentes policiales, las cuales sostienen la existencia de numerosas irregularidades en este proceso.
Pasaportes de dudosa procedencia tras decretarse la mayoría de edad
Una investigación iniciada por este medio, ha puesto de manifiesto la existencia de pasaportes de dudosa procedencia en el proceso de la determinación de edad de los menores extranjeros no acompañados. Según sostienen fuentes policiales, estas circunstancias han sido denunciadas a nivel interno desde hace un año sin que las autoridades hayan puesto solución alguna.
La aparición de estos pasaportes se produce tras el decreto de mayoría de edad sobre estos presuntos menores. Se trata de una irregularidad que se está dando desde hace más de un año en Cataluña. Donde, según confiesan a este medio fuentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se produce una aportación documental posterior a la declaración de mayoría de edad con el fin de impugnar el proceso y que el interesado –el mena sobre el que se decreta judicialmente la mayoría de edad– sea declarado finalmente menor.
Así lo ponen de manifiesto también las diligencias de la fiscalía provincial de Santa Cruz de Tenerife y la fiscalía provincial de Barcelona, a las que ha tenido acceso La Gaceta de la Iberosfera. Según evidencian estos documentos y sostienen a su vez fuentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los menas sobre los que se da esta irregularidad son aquellos que son trasladados desde las Islas Canarias a Cataluña.
Una vez que son trasladados a Cataluña y, dado que son identificados en Canarias como mayores de edad, pasan a disposición de los sistemas de protección social, la mayor parte de ellos gestionados por Cruz Roja. Con posterioridad, pasadas aproximadamente dos semanas, estos inmigrantes ilegales se personan en dependencias policiales con pasaportes que acreditan una minoría de edad.
Finalmente, y en aplicación de la presunción de veracidad sobre estos documentos sin aplicación previa de pruebas periciales, estos inmigrantes son registrados como menores de edad y son incluidos en los sistemas autonómicos de tutela, pese a haber sido declarados en Islas Canarias como mayores de edad.
Según ponen de manifiesto fuentes policiales, este tipo de pasaportes presentan numerosas irregularidades. La más llamativas es que los mismos “están expedidos después de la entrada a España” de estos presuntos menores y que las numeraciones de estos documentos “son correlativas”. Dado que hay una instrucción policial para no tomar estos pasaportes, finalmente no puede esclarecerse si son o no documentos oficiales del país emisor.
Por último, las mismas fuentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad afirman que ante las constantes denuncias “no se hace nada” para corregir esta irregularidad y la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, encargada de la tutela de estos menores, hace la vista gorda pese a la apariencia física de una mayoría de edad. “Ellos obtienen un beneficio económico por cada tutelado”, concluyen.
Más de un 50 por ciento de las diligencias arrojan mayoría de edad o son archivadas
Así lo ponen de manifiesto los datos arrojados por la Fiscalía General del Estado desde el año 2017. Desde entonces, y en los últimos cinco años, se han practicado un total de más de 37.000 diligencias procesales para la determinación de edad por parte de las diferentes fiscalías de menores provinciales.
Acorde a las estadísticas recogidas por el órgano judicial, un total de 10.929 diligencias han arrojado una mayoría de edad, y casi 9.000 (8.977) han resultado archivadas ante el abandono de los centros de tutela de estos presuntos menores. Lo que supone un 53,49% del total de pruebas incoadas. La tasa de minoría de edad se sitúa en un 45%.
En la misma línea cabe recordar cómo la Fiscalía General del Estado llegó a reconocer en el año 2019 la existencia de altas tasas de diligencias procesales que arrojaban la mayoría de edad en algunas provincias españolas. “Han prevalecido los resultados de mayoría de edad en Málaga (69,45%) y Granada (66.84%)”, concluía en base a datos del año 2018, cuando España recibió más de 7.000 menas.
Según admite el Defensor del Pueblo en el informe sobre la situación en Canarias publicado en el año 2021. En dicho informe, se admitía como más de 2.000 menas se encontraban en los sistemas de tutela autonómicos de Islas Canarias pese a no haberse practicado diligencias sobre los mismos. Otra irregularidad que se suma a todas las manifestadas con anterioridad y que nos obliga a plantear un nuevo marco normativo que aborde la situación que se viene dando en torno a los menas en estos últimos años.
