La militante «de base» del PSOE, Leire Díez, ha sido señalada tras la difusión de varias grabaciones en las que aparece coordinando operaciones para obtener información sensible sobre jueces, periodistas y miembros destacados de la UCO. Sin embargo, también formó parte del consejo de administración de Cistec, una empresa tecnológica con sede en Navarra y el País Vasco, a la que se incorporó pocos meses después de que el Gobierno de Pedro Sánchez le concediera cuatro ayudas públicas.
Sin experiencia previa en el sector tecnológico, asumió el cargo de consejera de Cistec el 7 de octubre de 2021, puesto que no aparece en su perfil profesional en plataformas como LinkedIn. Su incorporación al consejo coincidió con una ampliación de capital y con el aumento del número de consejeros. Asimismo, en ese momento se sumaron otros dos nuevos miembros, entre ellos Santiago Ferrer Costa, a quien la SEPI nombró más tarde consejero en Enagás tras la llegada del PSOE al Gobierno.
Antes de su paso por Cistec, Díez ya había ocupado puestos directivos en empresas públicas. Fue directora de Comunicación de Enusa, la empresa estatal encargada de la gestión del uranio utilizado por las centrales nucleares españolas. Aunque la comunicación institucional de Enusa es escasa, ese fue el único cargo relacionado con el periodismo que se le conoce. En su defensa ante las acusaciones sobre su papel en las reuniones con el abogado Teijelo, aseguró que actuaba como periodista investigando una trama relacionada con hidrocarburos.
Durante su etapa en Enusa, coincidió con varios militantes del PSOE, ya que personas vinculadas al partido ocuparon la mayoría de los puestos en el consejo de administración de la empresa. Esta compañía estatal, con sede en Salamanca, recibió críticas del propio Pedro Sánchez, quien incluso negó la existencia de uranio en el subsuelo español. Más adelante, Díez asumió la dirección de Filatelia y Relaciones Institucionales en Correos, un cargo que desempeñó entre febrero de 2022 y febrero de 2024.
