Leire Díez, la «asesora» del PSOE, se reunió en 2024 con Nervis Villalobos, antiguo viceministro de Energía Eléctrica del chavismo, con un propósito muy específico: desacreditar al magistrado Juan Carlos Peinado, responsable de la causa abierta contra Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez.
El encuentro, según ha adelantado The Objective, tuvo lugar en un establecimiento Starbucks ubicado en el centro comercial La Moraleja Green de Alcobendas, en Madrid. No estuvieron solos: también participaron el empresario Javier Pérez Dolset, conocido por su vinculación con el caso Zed, y el expresidente del FC Barcelona, Sandro Rosell.
Villalobos aceptó finalmente intervenir el 28 de noviembre en la comisión parlamentaria encargada de investigar la llamada «Operación Cataluña». Durante su comparecencia, arremetió contra el juez Peinado, acusándolo de haber vulnerado sus derechos fundamentales, mantenerle durante más de un año en prisión preventiva y bloquearle sus cuentas bancarias durante cinco años. Según el exfuncionario venezolano, estas decisiones respondían al deseo del juez de ganar notoriedad ante el Ejecutivo del Partido Popular.
Este movimiento formaba parte de una operación más amplia, en la que emisarios próximos al PSOE ofrecieron a Villalobos una vía para rehabilitar su imagen pública. El trato ofrecido incluía su participación como testigo en la comisión y la posterior entrega de un informe oficial del Congreso que lo presentaría como víctima de abusos institucionales por parte del Estado. A pesar de que dicho documento aún no ha sido facilitado, Villalobos mantiene la esperanza de que llegue a materializarse, con la intención de usarlo como aval en su defensa tanto en España como a nivel internacional.
El nexo entre Rosell y Villalobos se remonta a su paso común por la prisión de Soto del Real, donde coincidieron como internos. Rosell estuvo en prisión preventiva desde mayo de 2017 hasta febrero de 2019 por delitos graves como pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales, aunque resultó absuelto por la Audiencia Nacional. Villalobos, por su parte, fue arrestado en octubre de 2017 a raíz de una orden de captura internacional emitida por Estados Unidos, que lo acusaba de participar en una trama corrupta vinculada a PDVSA, la petrolera estatal venezolana. Fue el propio juez Peinado quien dictó su ingreso en prisión en ese momento.
Tras su salida provisional en septiembre de 2018, Villalobos fue nuevamente arrestado apenas un mes después, en el contexto de la Operación Carabelas, una macroinvestigación liderada por la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF. La operación giraba en torno a una compleja red de lavado de dinero con ramificaciones en Venezuela, mediante plataformas financieras como Swiss Invest y Columbus. A finales de ese mismo año, fue puesto nuevamente en libertad por decisión de la Audiencia Provincial de Madrid.
El detonante que llevó al PSOE y a sus aliados a citar a Villalobos en la comisión fue la declaración del excomisario Marcelino Martín Blas, quien había afirmado que el exviceministro había sido víctima de un encarcelamiento injustificado por parte del juez Peinado. Esta versión fue más tarde respaldada por una sentencia del Tribunal Constitucional.
