El pasado miércoles, el grupo parlamentario de VOX en Cataluña, a través de la diputada María García Fuster, exigía al Gobierno de Cataluña información detallada sobre las causas y la gestión del brote de peste porcina y su posible relación con el laboratorio de referencia de la Organización Mundial de Sanidad Animal que se encuentra a tan sólo a unos kilómetros del Parque Natural de Collserola. En ese sentido se reclamaron tanto las auditorías de seguridad como los protocolos de bioseguridad desde 2017 hasta la actualidad en el centro IRTA-CReSA.

Sólo 72 horas después de presentarse este escrito dirigido al presidente autonómico y registrado en el Parlament, el Ejecutivo de Salvador Illa ha iniciado la investigación, anunciando que se va a llevar a cabo una auditoría de los 5 centros, sus instalaciones y una revisión de los protocolos aplicados en ellos.

Ha sido el propio presidente de la Generalitat, Salvador Illa quien lo ha anunciado, asegurando que su Ejecutivo mantiene “plena confianza” en el IRTA, aunque precisó que “no se descarta ninguna opción, ni se confirma ninguna”. Sin concretar qué centros serán inspeccionados, recordó que el IRTA -ubicado en el campus de la Universidad Autónoma-, es el único que trabaja directamente con el virus y colabora con otras instalaciones científicas.

Salvador Illa ha insistido en que “el objetivo prioritario, contener el brote, se está cumpliendo”. Más tarde, junto a la consellera de Interior, Núria Parlon, participó en una reunión en el Cecat para evaluar las restricciones aplicadas en el medio natural a raíz de la expansión de la peste porcina africana.

Con el incremento de desplazamientos por el puente de diciembre, la Generalitat pretende evitar que el virus se propague. Por ello, el perímetro de restricción se ha ampliado a 20 kilómetros alrededor del origen del brote, un área que afecta a 55 granjas y unas 80.000 cabezas de ganado. Hasta ahora se han confirmado 13 casos, sin que ninguno haya alcanzado instalaciones ganaderas.