La detección de peste porcina africana en Barcelona se ha producido en un territorio que ya fue escenario, hace años, de uno de los proyectos más controvertidos impulsados para controlar la sobrepoblación de jabalíes sin recurrir a la caza. Un experimento financiado con fondos públicos y promovido como alternativa «ética» que hoy vuelve al centro del debate justo cuando el problema deja de ser sólo de convivencia o daños materiales y pasa a convertirse en una amenaza sanitaria y económica de primer nivel.
Aquel plan apostó por la denominada inmunocontracepción, un sistema impulsado desde ámbitos universitarios y respaldado por colectivos animalistas. La iniciativa pretendía frenar el crecimiento de las piaras mediante una vacuna anticonceptiva aplicada a las hembras. Sin embargo, con el paso del tiempo quedó claro que no se trataba de una esterilización permanente, sino de un tratamiento temporal, reversible y altamente dependiente de la recaptura de los animales para mantener su supuesto efecto.
Las primeras dudas surgieron pronto sobre el terreno. A los pocos meses de iniciarse el proyecto, comenzaron a circular imágenes de jabalinas marcadas dentro del programa que aparecían acompañadas de crías. Aquellas escenas desmontaron de forma visual la promesa de control reproductivo efectivo y dejaron al descubierto una realidad incómoda: el método no garantizaba los resultados que se habían presentado ante la opinión pública.
A ese fracaso práctico se sumó un obstáculo insalvable: la logística. Veterinarios y técnicos advirtieron desde el principio de que aplicar este tipo de tratamientos a fauna silvestre implicaba un despliegue irrealizable a gran escala. Localizar a los animales, capturarlos, sedarlos, tratarlos y volver a hacerlo al cabo del tiempo convertía la propuesta en una operación de enorme complejidad y con un coste desorbitado.
De hecho, el aspecto económico acabó por convertir el proyecto en un símbolo del uso ideológico del dinero público. No se trataba solo del precio de la vacuna, sino de todo el dispositivo asociado: personal especializado, equipamiento, vehículos, jaulas, fármacos, controles veterinarios y recapturas. La factura global superó los 160.000 euros, sufragados por distintas administraciones locales y provinciales.
Además, desde un punto de vista técnico, el enfoque tenía una limitación estructural imposible de salvar: para alterar de forma significativa la evolución de una población salvaje habría que actuar sobre un porcentaje altísimo de hembras, algo inviable tanto por costes como por capacidad operativa. Incluso como experiencia piloto, los expertos ya advertían de que su viabilidad era prácticamente nula.
Con los años, lejos de disiparse, la polémica se reavivó con nuevas pruebas gráficas de animales marcados que seguían reproduciéndose con normalidad. El relato de la «solución ética» fue perdiendo credibilidad mientras la población de jabalíes continuaba creciendo sin freno en amplias zonas de Cataluña.
Hoy, con la peste porcina africana ya presente en Barcelona, aquel experimento adquiere una nueva dimensión. El escenario ha cambiado por completo: ya no se discute sólo sobre convivencia urbana o daños agrícolas, sino sobre un riesgo sanitario que puede causar un impacto devastador sobre la ganadería y la economía. En este contexto, las medidas simbólicas quedan definitivamente fuera de juego.
La respuesta actual frente a la PPA pasa por actuaciones drásticas, incluido el sacrificio masivo de animales en amplios perímetros de seguridad. Resulta especialmente llamativo que el mismo entorno donde se defendió durante años un control «sin muerte» sea hoy el epicentro de un exterminio total para frenar la propagación del virus.
