No hay Presupuestos Generales del Estado desde 2023, pero, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, eso no le impide al Gobierno de Sánchez aumentar el gasto político y seguir derrochando el dinero, como bien saben las ONG que están recibiendo chorros de subvenciones para atender a los supuestos menores no acompañados extranjeros. Otro capítulo que está aumentado, aunque en menor cantidad, es el de las becas para los opositores a judicatura y fiscalía: casi 18 millones de euros en 2026.
Uno de los objetivos del PSOE desde que ganó las elecciones de 1982 ha sido el de dominar los tribunales para asegurar la impunidad de sus dirigentes por delitos como todos los tipos de corrupción y ese escuadrón de la muerte llamado GAL. Y si ésta fallase, se recurre al Tribunal Constitucional, al indulto o a la amnistía.
En los mismos años 80, el PSOE, con la colaboración de los demás partidos de izquierdas y de los nacionalistas PNV y CiU (el antiguo jefe de esta coalición, Jordi Pujol, acaba de ser declarado incapaz para comparecer ante el tribunal que les juzga a él y a sus hijos por su red de corrupción), modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial para apoderarse del Consejo General del Poder Judicial, que se encarga de los nombramientos de magistrados en los Tribunales Superiores y en el Supremo.
Uno de los méritos del PSOE que explica sus éxitos es que, a diferencia del PP, piensa a largo plazo. Por eso, en 2022, Sánchez y su Gobierno lanzaron una campaña para, según ellos y su equipo de opinión sincronizada, terminar con el monopolio de las dinastías familiares o los hijos de los ricos en la judicatura y abrir estos puestos a españoles de todos los orígenes socioeconómicos, para lo que hasta invocaron el art. 9.2 de la Constitución: «Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo…».
El Gobierno socialista consideró «necesario iniciar una línea de subvenciones, en forma de becas, destinadas a fomentar la preparación de aspirantes al ingreso en las Carreras Judicial y Fiscal, en el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y en el Cuerpo de Abogados del Estado». De esta manera el PSOE copiaba un método usado desde hace años por los gobiernos autonómicos vasco y catalán, a fin de tener paisanos en esos cuerpos administrativos.
En abril de 2022, se publicó en el BOE la orden que establecía los requisitos para presentarse a esas becas y las cantidades asignadas. El total fue entonces de 1.619.940 euros, de los que 1.143.880, el 70%, se destinó a opositores a judicatura. La cuantía de la beca individual se fijó en 6.611 euros anuales.
Tan contentos han debido de quedar con estas becas Pedro Sánchez y su ministro Bolaños que desde entonces no han fallado un año en la convocatoria y, encima, la han ido aumentando hasta casi multiplicar por diez la cantidad de dinero público asignado a ellas. También las incluyeron en el Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026 del Ministerio de Justicia.
En mayo de 2023, la cantidad máxima se subió a 5,2 millones, más del triple del año anterior. Las solicitudes se presentan en el Centro de Estudios Jurídicos, organismo autónomo de la Administración, dependiente del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, cuyo jefe es Bolaños.
En 2024, esa cantidad fue de 8 millones, de los que 5,84 millones financiaban 730 becas, cada una de 8.000 euros brutos anuales, para la preparación de oposiciones a las carreras judicial y fiscal.
En 2025, los fondos casi se doblaron respecto a 2024: un máximo de 15.600.000 euros, de los que 12.360.000 abonarían 1.030 becas para los estudiantes a las oposiciones de juez y fiscal. La cuantía anual ya se acercaba a los 12.000 euros brutos.
En 2026, los fondos, según el anuncio publicado en el BOE, son de 17.955.000 euros. Para los opositores a las dos carreras en que más interés tiene el Gobierno se reservan 14.040.000 millones (el 78%), repartidos en 1.200 becas; es decir, unos 11.700 euros brutos anuales. El plazo para solicitarlas ante el Centro de Estudios Jurídicos concluye el 7 de mayo y se otorgan por cuatro años.
A finales de abril, Bolaños declaró en una visita a Barcelona que su Gobierno hará un esfuerzo para que más catalanes se incorporen a las carreras judicial y fiscal. ¿Por qué no dice y hace lo mismo con los opositores aragoneses o valencianos?, ¿por qué el PSOE aplica la prioridad regional catalana al acceso a las plazas de juez y fiscal? Seguramente, el motivo principal sea el voto favorable a la investidura de Sánchez en 2023 por 40 de los 48 diputados catalanes, incluidos los de ERC y Junts.
Bolaños se ha convertido en uno de los ministros más impopulares entre jueces, fiscales y los demás funcionarios de la Administración de Justicia, debido a la Ley de Eficiencia Judicial, que ha empeorado la organización y el trabajo de los juzgados, y, además, por sus constantes ataques a los jueces que investigan al hermano y la esposa de Pedro Sánchez, así como a los magistrados que condenaron al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
La justificación que dan Sánchez y Bolaños para estas becas tan sesgadas a favor de los opositores a fiscal y juez es mentira, como sucede con todas las declaraciones de este Gobierno. Según una encuesta realizada en 2021 entre 184 nuevos jueces, sólo 14 de ellos tenían un parentesco directo con otro juez o magistrado. El 74,5% no tenía ningún familiar dedicado a alguna profesión relacionada con el sector jurídico y un 33,15% provenía de familias en las que ninguno de sus progenitores tenía estudios universitarios.
¿Por qué este deseo del PSOE de «democratizar» el acceso a las carreras judicial y fiscal cuando no es necesario?, ¿por qué no hay becas parecidas para el MIR, para técnicos de administración civil, para inspectores de hacienda, para cadetes de las academias militares o para diplomáticos? Quizás porque los socialistas, con su mentalidad de saqueadores de lo público, quieren llenar los tribunales de gente que ellos creen les deberá algo y se lo agradecerá cuando llegue el momento de la verdad.
