El PSOE ingresó 1,5 millones de euros en concepto de donaciones durante el mismo periodo en el que, según distintas investigaciones y testimonios recogidos en sede judicial, se habrían producido pagos en efectivo procedentes de empresas adjudicatarias de contratos públicos. Esta coincidencia temporal ha situado las cuentas del partido bajo el foco, especialmente en los ejercicios comprendidos entre 2019 y 2021.
De acuerdo con la documentación contable avanzada por El Debate, los ingresos por donaciones no siguieron una evolución lineal. En 2019, el partido declaró algo más de 275.000 euros, cifra que se disparó en 2020 hasta superar los 837.000 euros, en pleno contexto de pandemia. Posteriormente, en 2021, los ingresos descendieron de forma notable hasta situarse por debajo de los 200.000 euros, tendencia que se mantuvo en 2022 con algo más de 219.000 euros. El total acumulado en ese periodo asciende a aproximadamente 1,5 millones de euros.
El incremento registrado en 2020 resulta especialmente llamativo si se compara con el comportamiento del resto de formaciones políticas, que vieron reducirse sus ingresos privados durante los meses más duros de la crisis sanitaria. En contraste, el PSOE multiplicó por tres las donaciones recibidas respecto al año anterior, una anomalía que coincide con el periodo en el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa una intensificación de adjudicaciones de emergencia y movimientos económicos bajo sospecha.
En paralelo, el empresario Víctor de Aldama declaró ante el Tribunal Supremo la existencia de un sistema de captación de fondos vinculado a empresas que obtenían contratos públicos. Según su testimonio, estas aportaciones se realizaban en efectivo y tenían como finalidad contribuir a la financiación del partido. En su relato, implicó directamente a Koldo García, asesor del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos, como intermediario en este mecanismo.
Aldama detalló que los pagos eran frecuentes y que, en ocasiones, él mismo transportaba cantidades significativas de dinero en metálico, que posteriormente entregaba en dependencias oficiales o domicilios relacionados con el entorno del ministerio. También aseguró que estas prácticas eran conocidas en niveles superiores, llegando a afirmar que se le trasladó que el propio presidente del Gobierno estaba al tanto de estos movimientos.
El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, centró parte del interrogatorio en la procedencia de esos fondos, que, según lo declarado, estarían vinculados principalmente a adjudicaciones de obra pública. Este elemento introduce posibles implicaciones penales, como delitos de cohecho o financiación irregular, en función del destino final de los recursos y de si estos llegaron a integrarse en la contabilidad oficial del partido.
Precisamente, una de las líneas de investigación se centra en determinar si parte de esos fondos opacos pudo haber sido canalizada a través de vías aparentemente legales, como donaciones formalizadas. En este contexto, ha cobrado relevancia una aportación de un millón de euros realizada en 2020 al Instituto de Salud Carlos III, presentada en su momento como una iniciativa solidaria durante la pandemia, pero que ahora está siendo examinada para esclarecer su origen.
Los investigadores también analizan la estructura interna de las cuentas del partido. Las donaciones registradas se agrupan bajo epígrafes genéricos, sin detallar públicamente la procedencia individual de cada ingreso, una práctica habitual en la contabilidad de los partidos, pero que dificulta el seguimiento exhaustivo del origen de los fondos.
Durante el periodo analizado, la gestión económica del PSOE estaba bajo la responsabilidad de Mariano Moreno Pavón, quien posteriormente pasó a ocupar un cargo en una empresa pública con una retribución destacada. Este dato añade un elemento adicional de interés en el contexto de una investigación que trata de esclarecer si existió una conexión entre los flujos económicos investigados y las cuentas oficiales de la formación política.
