El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán solicitó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la salida del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, por no haber logrado controlar la actividad de la Unidad Central Operativa en las investigaciones que afectaban al Ejecutivo y al PSOE.
Según fuentes gubernamentales citadas por The Objective, la petición comenzó a producirse después de la imputación formal de José Luis Ábalos, en noviembre de 2024, y se mantuvo durante los meses posteriores. La presión de Cerdán habría ido creciendo hasta junio de 2025, cuando la UCO remitió el informe que acabó provocando su entrada en prisión.
Pedro Sánchez, según esas mismas fuentes de Moncloa y Ferraz, no aceptó la exigencia de su entonces número tres. La solicitud se produjo apenas dos meses después de que Mercedes González regresara a la Dirección General de la Guardia Civil, cargo que volvió a ocupar en septiembre de 2024 tras la salida de Leonardo Marcos, quien abandonó el puesto alegando motivos personales.
La sustitución de Marcos se explicó entonces dentro del Gobierno con el argumento de que el anterior director general no dominaba suficientemente el funcionamiento interno del Instituto Armado. Por ese motivo, el Ejecutivo recuperó a Mercedes González, que ya había ocupado ese cargo antes de incorporarse a las listas del PSOE en las elecciones generales del 23 de julio de 2023. En Moncloa se valoraban sus buenas relaciones con la Guardia Civil, forjadas durante su etapa como delegada del Gobierno en Madrid.
El contexto interno era especialmente delicado. Según fuentes gubernamentales, cuando Cerdán empezó a pedir la destitución de Marlaska y González ya sabía que estaba siendo investigado, porque Koldo García se lo habría comunicado. Para entonces, ya había publicado el testimonio de la empresaria Carmen Pano, que afirmó haber entregado 90.000 euros en efectivo en la sede socialista de Ferraz. También Víctor de Aldama había señalado a Cerdán por supuestos cobros en metálico y había apuntado a posibles amaños en contratos de obra pública.
Pese a ese clima de sospechas, Sánchez mantuvo su confianza política en Cerdán y en María Jesús Montero durante el 41.º Congreso Federal del PSOE, celebrado en Sevilla. Ambos habían sido mencionados por Aldama, pero el presidente reforzó su posición dentro del partido. En aquel cónclave, Cerdán denunció ante los delegados una supuesta «cacería judicial» contra el PSOE. Seis meses después, la UCO entregó el informe que precipitó su caída y su posterior ingreso en prisión.
Antes de ese informe, el PSOE negó de forma insistente que existiera una investigación contra su entonces secretario de Organización. Dentro del partido se llegó a hablar del «informe que no existe» hasta el mismo día en que fue conocido. El documento de la Guardia Civil cambió por completo el escenario, al atribuir a Cerdán una participación del 45% en Servinabar junto a Joseba Antxón Alonso y recoger grabaciones en las que aparecen Cerdán, Koldo y Ábalos hablando del supuesto reparto de comisiones por contratos públicos.
La causa también ha puesto el foco en los movimientos realizados desde la cúpula de la Guardia Civil antes del estallido definitivo del caso. El sumario de la denominada trama Leire refleja el papel de Leonardo Marcos en varios episodios vinculados a investigaciones sensibles para el Gobierno. Uno de ellos se produjo el 12 de julio de 2024, cuando citó al jefe de la UCO, el coronel Rafael Yuste, para reprocharle los informes enviados al juzgado de Badajoz sobre David Sánchez, hermano del presidente. Según la documentación de la causa, Marcos los consideró «prospectivos y malintencionados».
Cuatro días después, el 16 de julio, el director adjunto operativo de la Guardia Civil, el teniente general Manuel Llamas, acudió a las dependencias de la UCO y trasladó al responsable de la unidad que, en procedimientos con impacto político, no debía actuar de forma proactiva. La indicación, según consta en el sumario, era que la unidad se mantuviera «de perfil» y dejara toda la iniciativa en manos de la autoridad judicial.
La salida de Leonardo Marcos también quedó marcada por su aparición en uno de los informes de la UCO. La unidad lo mencionó como la persona que habría alertado a Koldo García del inicio de la investigación del caso Koldo, extremo que el asesor de Ábalos habría reconocido al comandante Rubén Villalba, investigado en la causa.
Desde el Gobierno se intenta ahora presentar a Mercedes González y a Marlaska como víctimas de las maniobras de Cerdán. Las fuentes consultadas sostienen que ambos no colaboraron con la supuesta «cloaca» y que esa habría sido la razón por la que el exnúmero tres del PSOE pidió su relevo. En esa misma línea enmarcan la reunión de Leire Díez con la directora de la Guardia Civil en una cafetería próxima a la sede del cuerpo, en la calle Guzmán el Bueno de Madrid.
Según fuentes socialistas, Mercedes González aceptó aquel encuentro porque pensaba que Díez quería pedirle trabajo tras haber sido cesada en Enusa en diciembre de 2021, meses después de la destitución de Ábalos. La versión que prevé ofrecer la directora general en su comparecencia parlamentaria es que se levantó y dio por terminada la reunión cuando Díez le pidió rehabilitar a un guardia civil imputado.
El Ejecutivo mantiene su respaldo a González pese a que ha quedado acreditado que no dijo la verdad sobre sus reuniones con la conocida como fontanera socialista. En Moncloa y Ferraz sostienen que Cerdán terminó en prisión porque Mercedes González no frenó la investigación de la UCO y niegan que se abrieran expedientes contra los investigadores del Instituto Armado.
La tesis oficial del Gobierno concentra toda la responsabilidad de la denominada cloaca en Santos Cerdán. Según esa versión, el antiguo secretario de Organización del PSOE habría llevado una «doble vida» y habría engañado al partido para tratar de bloquear las pesquisas que le afectaban. Sin embargo, Pedro Sánchez mantuvo su confianza en él hasta el momento en que la UCO puso por escrito los indicios que acabaron llevándole a prisión.
