Una mujer de 96 años sorda, ciega y que sufre insuficiencia cardíaca llamada Carme vive sola en su domicilio de Cataluña, prácticamente sin poder valerse por sí misma. Utiliza andador, no puede comer ni ducharse sin ayuda y su hijo, ya septuagenario, no logra atenderla a tiempo completo porque su propia esposa también está enferma. A pesar de estas evidentes limitaciones, el equipo de valoración externo de los servicios de dependencia de la Generalitat de Cataluña le ha denegado el grado 2 de dependencia, cerrándole el acceso a ayudas esenciales como una plaza en residencia o asistencia domiciliaria.
La valoración avanzada por la COPE fue realizada por un equipo designado por la Administración autonómica, distinto al habitual que la atiende habitualmente. Carme y su familia consideran «alucinante» que no se reconocieran sus necesidades reales. Laura Morro, decana del Colegio de Trabajadores Sociales de Cataluña, ha señalado que este no es un caso aislado: la Ley de Dependencia prioriza criterios clínicos estrictos y deja en segundo plano la soledad y la vulnerabilidad social de las personas mayores, lo que provoca valoraciones muy desiguales según el equipo y el momento.
Mientras tanto, el sistema de dependencia catalán acumula críticas por su lentitud y rigidez. Familias enteras denuncian que ancianos con graves limitaciones quedan desprotegidos, obligados a depender exclusivamente de la familia o a pagar de su bolsillo cuidados que el Estado no cubre. La propia Carme, con 96 años, resume la situación con resignación: «Me parece alucinante que no hubieran visto las necesidades que tengo».
Este caso ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre las prioridades de los recursos públicos en Cataluña. Organizaciones sociales y familiares de dependientes exigen una revisión urgente del baremo de valoración para que incluya de forma real la situación de fragilidad de los mayores que viven solos.
La Generalitat, por su parte, no ha hecho declaraciones concretas sobre el caso de Carme, aunque sí mantiene que las valoraciones se realizan con criterios objetivos y que se revisan los recursos presentados. El episodio se suma a la lista de denuncias que ilustran las dificultades de un sistema que, según sus críticos, no siempre responde con agilidad a las necesidades más básicas de los ciudadanos más vulnerables.
