La Generalitat de Cataluña mantiene cerca de 1.200 viviendas de su parque público ocupadas ilegalmente. Al cierre de 2024, la Agencia de la Vivienda de Cataluña (AHC) contabilizaba 1.199 inmuebles ocupados sin título habilitante, según ha reconocido el propio Gobierno regional en una respuesta parlamentaria a una pregunta de Junts.

La cifra supone que aproximadamente uno de cada veinte pisos gestionados por la Administración autonómica permanece fuera del circuito ordinario de adjudicación de vivienda pública. El número de inmuebles afectados apenas ha variado respecto a 2023, cuando se contabilizaban 1.193.

El porcentaje de viviendas ocupadas ha descendido ligeramente, desde el 5,34% hasta el 5,12%. Sin embargo, la reducción no se debe a una recuperación significativa de los inmuebles, sino al crecimiento del parque público gestionado por la Generalitat, que pasó de 22.341 viviendas en 2023 a 23.417 un año después.

Es decir, el Ejecutivo catalán dispone ahora de más viviendas públicas, pero mantiene prácticamente intacto el número de inmuebles ocupados.

El problema se concentra especialmente en el área metropolitana de Barcelona. El Barcelonès encabeza la lista con 363 viviendas ocupadas, seguido del Vallès Occidental, con 204, y el Baix Llobregat, con 98.

A continuación aparecen el Maresme, con 73 inmuebles afectados; el Gironès, con 66; el Vallès Oriental, con 65; y el Tarragonès, con 61.

En su respuesta parlamentaria, el Govern explica que la Agencia de la Vivienda de Cataluña trabaja mediante protocolos de colaboración con los ayuntamientos. Son los servicios sociales municipales los encargados de valorar la eventual situación de vulnerabilidad de las personas que ocupan los inmuebles antes de que la Administración adopte medidas.

Sin embargo, la documentación remitida al Parlament no aclara cuántos de los 1.199 casos corresponden a familias consideradas vulnerables ni cuántos son ocupaciones sin cobertura social.

El Ejecutivo catalán tampoco informa de cuántos procedimientos de recuperación posesoria ha iniciado, cuántas viviendas públicas ha conseguido recuperar durante el último ejercicio o cuántos expedientes continúan pendientes de resolución.

Las cifras se conocen mientras Cataluña continúa a la cabeza de la ocupación de viviendas en España. Según las estadísticas del Ministerio del Interior, la región registró durante 2025 un total de 5.913 denuncias por allanamiento y usurpación, cerca del 40% de todos los casos contabilizados en el conjunto del país.

El problema se extiende además a otras administraciones catalanas. En Barcelona también permanecen ocupados ilegalmente 32 inmuebles y equipamientos de propiedad municipal, lo que eleva el número de propiedades públicas fuera del circuito ordinario de utilización y adjudicación.

La respuesta parlamentaria evidencia así la dificultad de la Generalitat para recuperar su propio parque inmobiliario en plena crisis de acceso a la vivienda. Mientras miles de personas esperan acceder a una vivienda protegida, cerca de 1.200 pisos públicos continúan ocupados sin título y el Govern no revela cuántos ha conseguido recuperar ni qué resultados están teniendo los procedimientos emprendidos.