El ex Gran Maestre de la Gran Logia de España (GLE), Óscar de Alfonso, quien lideró la organización masónica durante 12 años, ha sido suspendido por dos años tras cuestionar públicamente a masones socialistas de Canarias por posibles casos de corrupción en el archipiélago. La decisión fue comunicada por el actual líder de la GLE, Txema Oleaga, senador del PSOE y presidente de la Comisión de Justicia del Senado, quien asumió el cargo en 2022. Sin embargo, Oleaga asegura que sólo cumplió con el mandato de la Corte Suprema Masónica, responsable del fallo.
A principios de 2023, De Alfonso utilizó sus redes sociales para lanzar una dura crítica. Preguntó abiertamente si los «hermanos masones socialistas» en Canarias tenían algo que decir sobre el caso Tito Berni, un escándalo que involucraba supuestamente drogas, prostitución, sobornos y tráfico de influencias. «¿Dónde están ahora esos hermanos tan activos en redes sociales? ¡Hipócritas!», escribió el abogado valenciano, causando un terremoto en la institución.
El origen de la polémica se remonta a 2022, cuando un miembro de la masonería denunció la existencia de una presunta red de influencias vinculada al PSOE en Canarias. Según esta acusación, se habrían favorecido nombramientos de masones afines en altos cargos del Gobierno autonómico presidido entonces por Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Entre los señalados, figuraban los consejeros de Sanidad, Blas Trujillo, y de Obras Públicas, Sebastián Franquis, así como otros cargos implicados en adjudicaciones irregulares durante la pandemia, incluyendo la compra de tests PCR.
La situación escaló cuando De Alfonso envió varios escritos internos pidiendo explicaciones y detallando las figuras clave detrás de la crisis masónica en Canarias. Esto generó tensiones en la cúpula de la GLE, especialmente porque el informe del Gran Orador, elaborado en mayo de 2023, recomendaba archivar el expediente contra De Alfonso. Pese a ello, la Corte Suprema Masónica procedió con la suspensión, siguiendo una denuncia interpuesta por el grupo MESA, formado por masones que habían apoyado inicialmente a Oleaga, pero que posteriormente retiraron su respaldo.
En su decreto del 4 de marzo, Oleaga oficializó la sanción contra De Alfonso, aunque fuentes internas de la GLE aclaran que la decisión no fue una iniciativa personal del Gran Maestre, sino una ejecución obligatoria del fallo emitido por el tribunal interno.
La controversia, que combina política, corrupción y luchas de poder dentro de la masonería, ha dejado una huella profunda en la organización, evidenciando fracturas internas y el impacto de las tensiones externas en su estructura jerárquica.
