Veintidós de los veintinueve fiscales de Anticorrupción, es decir el 75% aproximadamente, han firmado este viernes un comunicado en el que han manifestado su «profunda preocupación por la vigencia del Estado de Derecho» y han mostrado su apoyo a los fiscales del golpe separatista que reclamaron «amparo institucional» al fiscal general del Estado por las acusaciones de «lawfare».
En el escrito, los firmantes han expresado su «reconocimiento y apoyo a los fiscales intervinientes en todos los procedimientos vinculados o derivados del denominado ‘procés'» y han reprobado los «ataques injustificados» que vienen recibiendo, así como la «amenaza de fiscalización política del desempeño de sus obligaciones profesionales».
Además, han mostrado su «firme compromiso en defensa de la división de poderes, del principio de igualdad en la aplicación de la ley y en defensa de la independencia de los tribunales».
El texto tiene lugar después de que la semana pasada los fiscales del Tribunal Supremo que estuvieron a cargo de representar al Ministerio Público en el juicio del ‘procés’ —Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Jaime Moreno— reclamaran a Álvaro García Ortiz que, «en su condición de fiscal general del Estado y presidente del Consejo Fiscal, previa audiencia de este órgano», les concediera «amparo institucional» frente a las comisiones de investigación parlamentarias pactadas por PSOE y Junts, el partido del prófugo de la Justicia Carles Puigdemont.
