La Guardia Civil habría obtenido información sobre un presunto cohecho de en torno a los cuatro millones de euros desde la empresa Forestalia en favor del ex consejero aragonés de Medio Ambiente Alfredo Boné y dos antiguos colaboradores, dentro de una investigación judicial que analiza posibles ventajas irregulares en el ámbito de las energías renovables. Las pesquisas, apoyadas en informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO), tratan de esclarecer si determinadas operaciones empresariales encubrieron pagos vinculados a decisiones adoptadas años atrás en la Administración autonómica.
El origen del análisis judicial adelantado por El Mundo se sitúa en el Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel, que el pasado verano ordenó revisar la compra de una sociedad mercantil relacionada con los tres ex cargos públicos. La investigación forma parte de las diligencias abiertas en torno al desarrollo del Clúster del Maestrazgo, un ambicioso complejo eólico proyectado en una zona de elevado valor ambiental y que se ha convertido en el mayor plan de este tipo actualmente en tramitación en España.
Según la documentación examinada por los investigadores, Alfredo Boné, su antiguo viceconsejero Luis Marruedo y quien fuera jefa de gabinete del primero, Ana Cristina Fraile, constituyeron en 2015 la empresa Viadós. Tres años después, la compañía fue adquirida por Forestalia por una cifra situada entre cuatro y cuatro millones y medio de euros. Los agentes sostienen que la operación podría haber supuesto un pago encubierto, ya que consideran que la sociedad apenas tenía actividad real y habría sido vendida con un valor muy superior al que correspondería a su estructura empresarial.
Las conclusiones provisionales apuntan a que Viadós mantenía prácticamente toda su actividad vinculada a la firma energética desde su creación, sin que se hayan detectado otros clientes relevantes durante sus primeros años. Incluso se investiga si la empresa fue concebida con el objetivo principal de servir como vehículo para una transacción posterior. No obstante, las personas implicadas rechazan estas sospechas y defienden que el precio abonado por Forestalia se ajustaba al volumen de trabajo y a la plantilla existente en aquel momento, que —según su entorno— rondaba la treintena de empleados.
Las actuaciones policiales también han puesto el foco en la trayectoria posterior de los tres ex responsables políticos, quienes continuaron colaborando con la compañía aragonesa tras la venta, aunque Boné se desvincularía poco después. Hasta ahora ninguno de ellos figura como imputado en el procedimiento judicial.
El caso se enmarca en un contexto más amplio de investigaciones relacionadas con la expansión del sector renovable en Aragón y en otras regiones. Distintas informaciones recientes han señalado posibles presiones para agilizar declaraciones de impacto ambiental favorables a proyectos de la empresa, así como conflictos administrativos vinculados a la tramitación de instalaciones energéticas. Entre esos episodios figura el despido en 2018 del director de Industria de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza, posteriormente anulado por la Justicia, tras negarse presuntamente a tramitar determinadas iniciativas.
Boné, dirigente histórico del Partido Aragonés Regionalista, ocupó la cartera de Medio Ambiente entre 2002 y 2011 durante los gobiernos presididos por Marcelino Iglesias, mientras que Marruedo ejerció como viceconsejero entre 2007 y 2011 y Fraile desempeñó labores de jefatura de gabinete. Su salto al ámbito empresarial tras abandonar la política fue objeto de críticas en su momento por considerarse un ejemplo de puertas giratorias hacia el sector de las energías renovables, un ámbito en plena expansión económica.
La investigación continúa abierta y se ha intensificado tras registros efectuados por la UCO en las oficinas de la compañía en Zaragoza dentro del denominado Caso Leire, centrado en posibles irregularidades en contratos y adjudicaciones públicas relacionadas con proyectos energéticos. Mientras tanto, tanto la empresa como el entorno de los ex cargos insisten en que las operaciones analizadas fueron legales y transparentes.
