
La Guardia Civil ha desarticulado una red criminal dedicada al tráfico ilegal de armas y munición que operaba desde hace años desviando armamento del mercado legal al mercado negro mediante denuncias falsas por robo o pérdida, según ha informado el Instituto Armado.
La investigación, enmarcada en la operación «Trampantojo», se ha saldado con la detención de 21 personas, acusadas de formar parte de una organización que utilizaba licencias legales para introducir armas de fuego en circuitos clandestinos, donde eran revendidas por hasta el triple de su valor real.
Las pesquisas se iniciaron tras la denuncia presentada por uno de los ahora detenidos, que aseguró haber sufrido el robo de 17 armas de fuego de un domicilio situado en el Valle del Alagón, en la provincia de Cáceres. Sin embargo, los agentes comprobaron que el supuesto denunciante era en realidad un miembro activo de la trama.
Según la Guardia Civil, la organización simulaba sustracciones para dar de baja las armas en los registros oficiales y, una vez declaradas como robadas, las colocaba en el mercado ilegal a precios muy superiores a los establecidos en establecimientos autorizados.
La investigación también permitió descubrir que la red se dedicaba al tráfico de munición, contando para ello con la colaboración de los responsables de una armería madrileña, que falseaban los libros de control y venta para facilitar miles de cartuchos a la organización.
Durante la operación se practicaron seis registros: cuatro en domicilios de la Cañada Real Galiana, uno en una armería de Madrid y otro en una vivienda del Valle del Alagón. En ellos se intervinieron una pistola de última generación, cargadores, más de 8.000 cartuchos de distintos calibres, una escopeta semiautomática y una importante cantidad de droga.
En concreto, los agentes incautaron 320 gramos de cocaína, 160 gramos de heroína y cerca de 32.000 euros en efectivo, además de dispositivos electrónicos que están siendo analizados.
La investigación ha estado dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 2 de Coria, en coordinación con la Fiscalía Provincial de Cáceres. En la fase final participaron cerca de 200 agentes, en uno de los mayores despliegues recientes contra el tráfico ilegal de armas.