La Guardia Civil ha detenido este martes a seis personas tras una serie de registros practicados en sedes de la empresa Forestalia en Zaragoza y Madrid. Entre los arrestados se encuentran un ex alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica y el presidente de la compañía, en el marco de una investigación judicial abierta en Teruel por supuestos delitos vinculados a la tramitación de proyectos eólicos y fotovoltaicos.
La operación, ordenada por el Juzgado de Instrucción Número 1 de Teruel, ha incluido doce entradas y registros. Los agentes de la Unidad Central Operativa Medioambiental (UCOMA), integrada en el SEPRONA, buscaban documentación y pruebas relacionadas con una presunta red de corrupción en materia ambiental. Según la información oficial difundida por la Guardia Civil, se investiga la posible comisión de delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Entre los detenidos figura Eugenio Domínguez, ex subdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico durante la etapa de la exministra Teresa Ribera. De acuerdo con fuentes policiales, tras abandonar ese puesto en 2021 habría continuado vinculado al departamento como asesor hasta su jubilación en 2023. También ha sido arrestado el presidente de Forestalia, Fernando Samper Rivas. Además, un notario de la zona ha sido citado como investigado, aunque no ha sido detenido.
La causa, declarada secreta, se centra en la posible alteración de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), un trámite imprescindible para autorizar parques eólicos y plantas fotovoltaicas. La Guardia Civil sostiene que, según los indicios recabados hasta ahora, una persona que ocupó responsabilidades en el Ministerio podría haber intervenido de forma irregular en la emisión de determinadas resoluciones ambientales. Esa supuesta manipulación habría favorecido directamente a Forestalia en la tramitación de proyectos energéticos.
Desde el punto de vista procesal, los agentes deberán remitir al juez instructor una exposición razonada con los elementos que justifican las detenciones. A partir de ese momento podrán tomar declaración a los arrestados, con un plazo máximo de 48 horas antes de ponerlos a disposición judicial, ampliable a 72 horas si así lo autoriza el juzgado.
Fuentes jurídicas subrayan que esta investigación no guarda relación con el procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional y que el pasado mes de diciembre dio lugar a registros en varias empresas, incluida Forestalia, dentro de la denominada Operación Leire. Aquella causa, también bajo secreto, se refería a supuestas mordidas vinculadas a adjudicaciones públicas.
El nuevo frente judicial abierto en Teruel vuelve a situar bajo la lupa la gestión de proyectos ligados a la transición energética, un ámbito especialmente sensible por el volumen de inversión y el peso estratégico de las autorizaciones administrativas. La instrucción determinará ahora si existió una actuación irregular en la tramitación ambiental y quiénes fueron sus responsables.
