La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica —de María Jesús Montero y Teresa Ribera— en el marco de una causa relacionada con una presunta «trama de corrupción» en la adjudicación de subvenciones asociadas a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, conocidos como fondos Next Generation, según avanza el diario The Objective.
Esta investigación se origina tras la denuncia presentada por un grupo de empresarios que sospechan que se produjeron irregularidades en la distribución de estas ayudas. La pesquisa se está llevando a cabo bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción número 6 de Zamora, que, el 16 de mayo, comunicó a los denunciantes que había solicitado la intervención de la UCO.
Los empresarios que interpusieron la denuncia han ampliado su querella en varias ocasiones, la última de ellas el 21 de abril de 2023, con una presentación formal el 29 de febrero. En su solicitud, exigieron que se investigaran las transferencias realizadas desde los mencionados ministerios a empresas del grupo Acciona (como Acciona Energía S.A., Acciona Industrial S.A., entre otras) y a Incus Capital Advisors S.A., que ha financiado el proyecto La Robla Green. El objetivo es rastrear estas subvenciones otorgadas entre 2021 y 2023 para determinar si se ejecutaron de manera fraudulenta a través de complejas técnicas financieras.
En una providencia fechada el 21 de marzo, la jueza responsable de la causa accedió a la solicitud de los empresarios en lo que respecta a la investigación por parte de la UCO, aunque pospuso la decisión sobre otras diligencias hasta obtener los resultados de dicha investigación. No fue hasta que los empresarios solicitaron que se investigara a otros implicados en la posible trama que la jueza les informó, mediante otra providencia, que no se tomarían nuevas medidas hasta recibir el informe de la UCO solicitado el 1 de abril.
El caso tiene su origen el 23 de marzo, cuando se reveló que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) había solicitado información sobre seis adjudicaciones en España por sospechas de corrupción relacionadas con los fondos europeos. Una de estas peticiones, fechada el 22 de noviembre de 2022, se centraba en posibles irregularidades en el proyecto de la biorrefinería de Barcial del Barco y La Robla. Los empresarios denunciantes buscan acceso a la respuesta que se dio a esta petición, vinculada a una denuncia previa presentada ante la Fiscalía Europea el 11 de octubre de 2022.
