La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha descubierto que Víctor de Aldama, el presunto intermediario de la trama Koldo, pagó durante varios meses el alquiler del apartamento donde residía Jéssica R.G., pareja del entonces ministro José Luis Ábalos. Según un nuevo informe al que ha tenido acceso El Confidencial, Aldama utilizó múltiples testaferros para abonar hasta 88.101 euros a la novia del exsecretario de Organización del PSOE.
La renta mensual del apartamento era de 2.700 euros y supuestamente corresponde a una vivienda en Torre de Madrid, un rascacielos en la Plaza de España de la capital. Parte del alquiler fue cubierto por un socio de Aldama, Luis Alberto Escolano, y por sociedades controladas por él, mientras que otras cantidades fueron pagadas por Joseba García Izaguirre, hermano de Koldo y mano derecha del entonces ministro. Este monto equivale a 32 mensualidades de alquiler.
La UCO ha rastreado los pagos y ha encontrado mensajes en los que Jéssica se queja de una avería en el frigorífico del apartamento que ocupaba. Los investigadores señalaron: «La información proporcionada por la inmobiliaria evidencia que el pago del alquiler del inmueble en el que residía Jéssica, vinculada de manera muy personal a Ábalos, era responsabilidad de Aldama, ya un año antes de las adjudicaciones públicas que dieron origen a esta investigación».
Además, las comunicaciones intervenidas han confirmado que Ábalos y su asesor cercano se movilizaron para contratar a Jéssica en Ineco, una empresa pública del ministerio. Tras 18 meses en ese puesto, la pareja del exsecretario pasó a ocupar un puesto temporal como «oficial primero administrativo» desde el 2 de marzo de 2021 hasta el 1 de septiembre de ese mismo año con Tragsatec, empresa pública dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) del Ministerio de Hacienda. La UCO señala que, «de manera simultánea a la duración de sus contratos, Jéssica residía en la vivienda ubicada en la Plaza de España, en el edificio Torre de Madrid».
La Guardia Civil concluye que estos pagos, junto con otras operaciones, como la adquisición de un chalé para el exministro de Transportes en la exclusiva urbanización Alcaidesa Playa, implican a Ábalos en la organización criminal. Sin embargo, dado su actual estatus de aforado al ser diputado en activo, no puede ser investigado por la Audiencia Nacional. El instructor del caso ya ha tomado medidas para trasladar esa parte del procedimiento al Tribunal Supremo.
