La presidenta del Congreso, Francina Armengol, aparece cada vez más comprometida en la investigación de la Audiencia Nacional sobre la trama de mascarillas vinculada a Víctor de Aldama. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ultima un informe que la sitúa en el centro de un presunto entramado de tráfico de influencias durante la pandemia. El documento, que en breve llegará al juez Ismael Moreno, se centra en dos frentes: la compra de 1,4 millones de mascarillas defectuosas por 3,7 millones de euros y las recomendaciones de la entonces presidenta balear a empresarios cercanos a la red.

El Gobierno regional de Armengol abonó de una sola vez los 3,7 millones a Soluciones de Gestión SL, empresa vinculada a Aldama y a Koldo García, sin contrato formal. El material fue declarado fraudulento en junio de 2020, pero el Ejecutivo autonómico no inició las gestiones para reclamar el dinero hasta julio de 2023, apenas semanas antes de las elecciones que perdió frente a la popular Marga Prohens.

Las sospechas no se detienen ahí. Según fuentes próximas al caso, Armengol habría facilitado contactos de Soluciones de Gestión a empresarios de las islas, abriendo la puerta a que el negocio se expandiera en Baleares al mismo tiempo que el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos lo impulsaba en Madrid.

En paralelo, los investigadores analizan otra adjudicación bajo su mandato: 10,4 millones de fondos públicos para la construcción de la residencia de Son Dureta, obra concedida a Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), empresa de José Ruz, imputado en la misma trama. La compañía quebró en enero de 2024 dejando un 35% de los trabajos sin ejecutar.

El caso tiene como origen los mensajes de WhatsApp entre Armengol y Koldo García. En uno de ellos, el exasesor de Ábalos insistía en que se reuniera con empresarios cercanos a Aldama: «Por favor, ¿puedes comer con ellos mañana algo rápido en un reservado? Si comes con ellos en una hora te voy a querer siempre», escribió junto a corazones. Armengol respondió que no podía por tener votación de presupuestos. La conversación concluía con Koldo tranquilizándola: «Vale, cariño, te mantengo informada de todo«.

El juez Moreno pidió en abril un informe detallado tras la confirmación del Tribunal Supremo de que el caso debía instruirse en la Audiencia Nacional. La Fiscalía Europea, que abrió diligencias por el uso de fondos comunitarios, remitió la causa en febrero al tribunal español.

La investigación también apunta a Joan Nadal, pareja de Armengol hasta 2020. Jardinero de formación y reconvertido en empresario, recibió 34.515 euros en subvenciones públicas entre 2017 y 2020, todas concedidas bajo el Ejecutivo de Armengol. Una parte de estas ayudas benefició directamente a Jardines de Tramuntana, viveros de los que Nadal es administrador.

La socialista ha tratado de desvincularse de las acusaciones. En su comparecencia en el Congreso aseguró: «Como presidenta del Gobierno de Baleares, no estaba, evidentemente, en ningún expediente de contratación ni en ninguna compra». También negó conocer al empresario Ruz, pese a que su Ejecutivo le adjudicó la obra de Son Dureta, y aseguró no haber tratado a Aldama, aunque existe constancia documental de un encuentro en la sede presidencial del Consulado del Mar.

La causa ha destapado que tanto Ábalos como Koldo habrían cobrado de Levantina una «pensión» mensual de 2.600 euros entre noviembre de 2022 y junio de 2023. La investigación, que ya ha llevado a prisión a Santos Cerdán, estrecha el cerco sobre Armengol y golpea directamente a la cúpula del PSOE. Ella, sin embargo, se aferra a su inocencia. Según revelan fuentes socialistas, Pedro Sánchez le llegó a preguntar en Moncloa si estaba limpia, a lo que respondió: «Mi gestión en Baleares fue impecable».