La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya trabaja en cuatro nuevos informes que acorralarán al ministro Ángel Víctor Torres y la presidenta del Congreso de los Diputados Francina Armengol. Estos documentos forman parte de las diligencias del conocido como caso Koldo y podrían marcar un punto de inflexión en la situación judicial del PSOE y del propio Gobierno de Pedro Sánchez.
Según ha adelantado el periodista Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital, dos de los informes serán remitidos al magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente y se centrarán en el patrimonio y movimientos bancarios de Santos Cerdán, ex número tres del PSOE encarcelado de forma provisional desde junio, y del exministro de Transportes José Luis Ábalos. Los otros dos informes se enviarán en principio al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno y afectan directamente a Torres, actual ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, y a Armengol, expresidenta balear y hoy tercera autoridad del Estado.
Los investigadores subrayan que el informe sobre Torres contendría elementos de mayor peso que el relativo a Armengol, aunque ambos podrían tener consecuencias políticas de enorme calado. De confirmarse las sospechas, Moreno tendría la posibilidad de elevar una exposición razonada al Supremo para que la causa se dirija contra ellos al gozar de condición de aforados.
La investigación, que hasta ahora ya ha llevado a prisión preventiva a Cerdán y a imputar a Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, podría abrir nuevas vías en los próximos meses. El propio juez Puente dejó claro en resoluciones anteriores que no se descarta la imputación de más cargos políticos, empresarios e incluso del propio PSOE como partido, en el marco de un presunto delito de financiación ilegal.
Además, la UCO y la Fiscalía Anticorrupción analizan posibles vínculos financieros entre el socialismo español y fondos procedentes de Venezuela, lo que ampliaría aún más el alcance del caso. Con este escenario, las próximas semanas se anticipan decisivas, pues de confirmarse estas imputaciones el Ejecutivo de Pedro Sánchez afrontaría la crisis más grave de toda la legislatura.